YPFB será intervenida por el Gobierno por seis meses
El Ejecutivo ha decidido intervenir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos debido a problemas operativos, creando una comisión que se encargará de supervisar sus actividades.
El Gobierno boliviano ha decretado la intervención temporal de YPFB por un plazo de hasta 180 días. Esta medida responde a las deficiencias que se han detectado en las operaciones de la empresa, y busca mejorar la logística de importación y distribución de combustibles en el país.
El Decreto Supremo 5697, que fue aprobado el 1 de septiembre, establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria. Esta comisión tendrá la responsabilidad de seguir de cerca la gestión de YPFB durante todo el tiempo que dure la intervención.
La intervención puede extenderse por una única vez hasta 90 días más si las razones que motivaron esta decisión persisten, de acuerdo a una resolución del Ministro de Hidrocarburos. Por otro lado, si se logran resolver los problemas antes de los 180 días, la intervención podrá finalizar anticipadamente.
En el decreto se menciona que la intervención se justifica por las "deficiencias en la cadena logística de importación y distribución de combustibles", que ponen en riesgo la seguridad energética y el interés público.
Integrantes de la comisión de intervención
La Comisión de Intervención estará compuesta por los ministros de Economía, Producción, Hidrocarburos, Obras Públicas, y un representante del Viceministerio de Transparencia. Su enfoque principal será en las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.
Entre sus tareas, la comisión evaluará la logística de importación y distribución, además de recomendar auditorías que busquen identificar irregularidades como el contrabando y el desvío de combustibles. También podrá sugerir la inclusión de expertos y solicitar apoyo de entidades estatales para garantizar un control efectivo.
Por último, el decreto destaca que YPFB y su personal deberán facilitar toda la información que la comisión requiera. El incumplimiento de esta obligación podría acarrear consecuencias administrativas o legales, aunque se aclara que la intervención no implicará gastos adicionales para el Tesoro Nacional.