Un cambio en el ritmo político de Bolivia

Bolivia está viviendo cambios políticos que, aunque parecen un baile, son más bien una coreografía de movimientos estratégicos. El exvicepresidente y empresario Samuel Doria Medina, quien también es parte de la Internacional Socialista, decidió dar un paso al costado, lo que generó expectativas sobre una posible reorganización del gabinete.

Sin embargo, esta oportunidad fue parcialmente desaprovechada, resultando en un simple "enroque corto" donde el excanciller Aramayo asumió el Ministerio de la Presidencia. En cuanto a Relaciones Exteriores, un funcionario de menor rango asumió el cargo, cuya trayectoria se alinea más con la "diplomacia de los pueblos" que se había visto en administraciones anteriores. Aún está pendiente la designación de un canciller con mayor renombre internacional.

Además, el reciente cambio de gabinete incluyó la eliminación de una cartera con un título complicado, lo que ha generado críticas por la disminución del rango del Ministerio de Cultura, que ya era poco relevante en la gestión actual, centrada en múltiples asuntos.

Una propuesta más efectiva podría ser la creación de una ley de mecenazgo que permita a las empresas privadas deducir impuestos por su apoyo a actividades artísticas.

En medio de estos cambios, el gobierno parece estar mejorando sus relaciones con las regiones, revisando el modelo centralista que ha predominado. El "paso adelante" mencionado se vio en Sucre la semana pasada, donde se llegó a un acuerdo con los gobernadores que incluye la coparticipación tributaria con las autonomías departamentales a partir del 2027.

No obstante, será fundamental observar cómo se implementarán estos acuerdos, dado el historial de resistencia de la burocracia central a ceder recursos. Esta situación también refleja la influencia de algunos intelectuales que sugieren que en ciertas regiones se piensa de una manera y en otras se trabaja de otra.

Casi al mismo tiempo que se firmó el acuerdo, se anunció un próximo paquete de normas estratégicas para reformar la economía, destacando que la negociación se realizará con instituciones, no con políticos. Esto podría implicar que el vínculo con las fuerzas legislativas dependerá más de las gobernaciones que de los líderes nacionales, replicando un modelo similar al "federalismo parlamentario" de Argentina, donde la comunicación entre el presidente y los gobernadores influye en los votos de los legisladores.

Sin embargo, este enfoque tiene sus ventajas y desafíos, ya que puede llevar a una estrategia de "divide y vencerás" al negociar con múltiples departamentos y fomentar divisiones entre ellos.

Si este modelo de concertación entre el presidente y los gobernadores se establece, podría marcar un cambio significativo en la política boliviana, que aún se ve muy influenciada por las dinámicas del régimen de 19 años.