Trump pone en marcha nuevas reglas para las visas de inmigrantes
Desde este viernes, una regla de la administración Trump podría complicar el acceso a visas y residencia permanente para muchos inmigrantes, mientras algunas ciudades ya llevan el tema a los tribunales.
Este viernes, la administración de Donald Trump implementó una nueva normativa que amplía la evaluación de beneficios públicos que pueden influir en la aprobación de visas de inmigrante y solicitudes de residencias permanentes, conocidas como green cards. Esta normativa ya está enfrentando acciones legales de varias ciudades que buscan detener su aplicación.
La regla, conocida como "carga pública", permite a los funcionarios de inmigración decidir si creen que un solicitante podría necesitar asistencia gubernamental en el futuro. Esta evaluación puede incluir beneficios como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y ciertas ayudas de vivienda. Sin embargo, recibir estos beneficios no garantiza el rechazo de una visa.
¿Qué significa esto para los inmigrantes?
Este cambio se produce en un contexto donde hay una pausa temporal en las entrevistas para visas de inmigrante en embajadas y consulados, ya que el Departamento de Estado está capacitando a su personal en las nuevas directrices. La "carga pública" se utiliza para negar la entrada o residencia a aquellos que podrían convertirse en una carga financiera para el país.
Los funcionarios evaluarán múltiples factores como la edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y habilidades del solicitante. Además, el apoyo financiero de un patrocinador también puede ser tenido en cuenta.
Esta normativa afecta a quienes buscan obtener residencia permanente o visas de inmigrante, incluyendo a familiares de ciudadanos estadounidenses y ciertos trabajadores. También es relevante para quienes ya están en Estados Unidos y desean ajustar su estatus migratorio.
No todas las personas están bajo la "carga pública"; hay excepciones como ciertos refugiados y víctimas de delitos. Sin embargo, organizaciones que asesoran a inmigrantes advierten que esta nueva regla podría generar miedo en las familias para utilizar beneficios legales, impactando la salud y economía de muchas comunidades.
Un grupo de 22 estados y Washington D.C. ha presentado una demanda para bloquear esta medida, argumentando que podría forzar a inmigrantes a renunciar a beneficios esenciales, afectando así la salud pública y el bienestar económico local.