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sábado 12 de septiembre de 2026

Política

Transporte de Cochabamba se opone a la legalización de "autos chutos"

El transporte federado cuestiona la propuesta del presidente Rodrigo Paz de regularizar vehículos indocumentados, advirtiendo sobre sus consecuencias negativas para el país.

Por Mauricio Antezana · 28 de agosto de 2026

José Orellana, secretario ejecutivo del Transporte Federado de Cochabamba, manifestó su desacuerdo con la idea del presidente Rodrigo Paz de analizar la legalización de los conocidos como "autos chutos" con el fin de generar ingresos para las municipalidades. Orellana enfatizó que esta propuesta no cuenta con su apoyo y que se debe reconsiderar la dirección que toma el Gobierno en este ámbito.

El dirigente recordó que una iniciativa similar había sido discutida anteriormente y fue rechazada por diversas instituciones. "No podemos volver a plantear ese argumento en un momento donde se busca fortalecer la autonomía de los gobiernos locales", añadió Orellana, aclarando que no están de acuerdo con esta propuesta.

Orellana propuso que, en lugar de legalizar vehículos que entraron al país de forma ilegal, el enfoque debería centrarse en consolidar un sistema de descentralización que fortalezca a los gobiernos municipales y departamentales. Para él, buscar ingresos a través de la regularización de estos autos indocumentados es un camino equivocado.

El secretario ejecutivo también advirtió que la legalización podría enviar un mensaje negativo al exterior sobre las políticas del Estado boliviano y complicar aún más la actual crisis de suministro de combustible en el país.

La propuesta de regularización fue presentada por el presidente Rodrigo Paz en una reunión con la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), donde se debatieron las problemáticas económicas que enfrentan los municipios. Paz sugirió a los alcaldes considerar esta opción como un medio para conseguir fondos adicionales.

Por otro lado, Orellana también exigió al Gobierno la derogación del Decreto Supremo 5676, alegando que esta normativa podría alterar el mercado de combustibles y provocar un aumento en la venta ilegal de gasolina. "Esta medida solo impulsa el acopio de combustible para su reventa en el mercado negro", concluyó.