Se da el primer paso en el acuerdo del ‘50-50’: las regiones ya no cubrirán bonos ni prediarios
Un nuevo acuerdo establece que las gobernaciones no asumirán más el costo del bono de vacunación ni de los prediarios, marcando un cambio en la gestión de recursos públicos en Bolivia.
Recientemente se alcanzó un primer acuerdo sobre la distribución de recursos y obligaciones entre el Gobierno central y las gobernaciones, conocido como ‘50-50’. En este acuerdo, se determinó que las regiones ya no se encargarán del pago del bono de vacunación para el personal de salud ni de los prediarios, una asignación diaria destinada a alimentar a las personas encarceladas.
Desde 2012, los trabajadores del sector salud recibían un bono de vacunación, cuyo monto fue actualizado en 2022 a 4.329 bolivianos, bajo el gobierno de Luis Arce. Este bono había sido un compromiso del gobierno anterior de Evo Morales.
Por su parte, los prediarios, que según un informe de la Defensoría del Pueblo en septiembre de 2025 benefician a 33.058 personas privadas de libertad, también quedarían fuera de la carga financiera de las gobernaciones.
Este acuerdo es el resultado de una mesa de diálogo que se llevó a cabo el martes en Sucre, donde participaron representantes de las siete gobernaciones, el viceministerio de autonomía y el ministerio de Economía. El propósito de esta reunión fue establecer una base para la implementación del modelo ‘50-50’.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, comentó que en gestiones pasadas se había presionado a las gobernaciones a asumir costos que no eran de su competencia, lo que violaba su autonomía. Esta situación se revertirá mediante una legislación que busca poner fin a estas imposiciones.
Además, el proyecto de ley también contempla que el Ministerio de Educación se encargue del costo del título de bachiller, que hasta ahora recaía sobre las gobernaciones. En 2023, 210.726 estudiantes de diversos niveles educativos recibieron su título debido a esta disposición.
El proyecto ya está en la Cámara de Diputados y, tras su aprobación, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación. El ministro Espinoza subrayó que es esencial consensuar cualquier gasto que no corresponda a las gobernaciones, asegurando que estas condiciones de gasto irán desapareciendo gradualmente.