Rumbo incierto tras la aprehensión de Roger Mariaca
La detención del fiscal general desata un torbellino en la política boliviana y revuelve el debate en la Asamblea Legislativa sobre su reemplazo.
La controversia comenzó con un anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la revocación de la visa al fiscal general, Roger Mariaca, y se intensificó en los días posteriores con su arresto y el de otros fiscales en Santa Cruz. Este hecho provocó una agitada sesión en la Asamblea Legislativa, donde se discutió la manera de elegir a su sucesor, generando un aluvión de reacciones entre funcionarios, analistas y la ciudadanía en redes sociales.
Mariaca fue detenido el 30 de septiembre junto al fiscal departamental, Alberto Zeballos, y otros colaboradores. El ministro de Gobierno confirmó que el número total de aprehendidos asciende a 14. Desde la noche del mismo día, una fuerte presencia policial se desplegó en las oficinas de la Fiscalía General en Sucre y otras provincias para salvaguardar la evidencia del caso.
Durante la misma noche, la Policía interceptó una ambulancia que salía de la oficina de Mariaca con una cantidad considerable de dinero: 3,5 millones de bolivianos y 10 mil dólares estadounidenses. Este hallazgo complicó aún más la situación del fiscal.
Los aprehendidos fueron trasladados por vía aérea, en un operativo resguardado por la Policía, desde Santa Cruz a El Alto. Este movimiento generó un debate sobre la forma de destituir a Mariaca, ya que la Constitución y las leyes indican que el Proceso de Juicio de Responsabilidades es el único camino a seguir.
Nueva normativa en la Asamblea Legislativa
Tras un extenso debate, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley que permite la suspensión definitiva del fiscal general en caso de indicios de delitos ordinarios, así como la designación de un interino sin necesidad de un proceso de selección previo. Este nuevo mecanismo requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes.
Por su parte, los ministros de Gobierno, Defensa y el vocero del Ejecutivo fueron los responsables de coordinar las acciones necesarias para que esta normativa pudiera ser promulgada rápidamente. En redes sociales, la percepción sobre el caso de Mariaca evolucionó rápidamente, de una posible represalia por la visa a acusaciones de vínculos con el narcotráfico tras su arresto.
Un análisis de RB Data da cuenta de un cambio drástico en la conversación digital, resaltando que los comentarios más populares reflejan la preocupación por posibles conexiones con crímenes mayores. Uno de los comentarios más compartidos se refería a la lista de nombres mencionados por Marset, sugiriendo que la situación de Mariaca era más compleja de lo que parecía.