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miércoles 28 de octubre de 2026

Política

Rivero defiende a Montaño y critica acusaciones de usurpación

La diputada del PDC Sandra Rivero respalda la designación de Luis Montaño como fiscal general interino, rechazando las acusaciones de usurpación de funciones y defendiendo el cumplimiento de los procedimientos legales.

Por Camila Veizaga · 2 de octubre de 2026

Sandra Rivero, diputada del PDC, salió en defensa de Luis Montaño tras su designación como fiscal general interino, cuestionando las críticas que lo acusan de usurpar funciones sin considerar adecuadamente la normativa legal y la documentación pertinente.

En una reciente entrevista, Rivero aclaró que la Fiscalía tiene mecanismos internos que garantizan su liderazgo en ausencia del fiscal general. Mencionó que, de acuerdo a la información que posee, el fiscal de Chuquisaca no había asumido el cargo, por lo tanto, debía corresponder al fiscal más antiguo, que en este caso es Montaño.

"El fiscal Montaño es el más antiguo, con alrededor de 20 años de trayectoria", declaró Rivero, enfatizando que su designación se basa en la antigüedad dentro de la institución.

Procedimientos a seguir en la Asamblea Legislativa.

La diputada también destacó que, tras asumir como interino, es necesario enviar la documentación a la Asamblea Legislativa para su revisión. Las comisiones de Justicia de ambas cámaras deberán evaluar cualquier irregularidad y emitir un informe al respecto.

Rivero criticó la idea de que la designación de un fiscal general se realice por decreto, reafirmando que la separación de poderes es fundamental y debe ser respetada. Además, cuestionó las interpretaciones del vocero presidencial sobre la usurpación de funciones de Montaño.

En torno al caso de Roger Mariaca, Rivero insistió en que la Asamblea debe examinar las pruebas que sustentan las acusaciones del Gobierno antes de tomar decisiones. Diferenció los procedimientos según si las acusaciones se relacionan con su tiempo como fiscal departamental o sus acciones como fiscal general.

Por último, Rivero resumió su postura al afirmar que las decisiones deben basarse en la normativa y no en interpretaciones políticas, subrayando la importancia de proteger la institucionalidad del país.