Proponen cambios a la Ley 025 para mejorar la justicia en Bolivia
El Consejo de la Magistratura aboga por una modificación de la Ley 025, argumentando que las actuales limitaciones dificultan la sanción de jueces por irregularidades.
Carlos Spencer, el presidente del Consejo de la Magistratura, hizo un llamado a la revisión de la Ley 025, la cual considera que limita severamente su capacidad para sancionar o destituir a los jueces en Bolivia. En una conferencia de prensa, expresó su preocupación sobre cómo esta ley impide el correcto funcionamiento del sistema judicial en el país.
Spencer destacó que la justicia en Bolivia ha sido un tema recurrente de críticas y que esto se debe, en gran medida, a las deficiencias de las leyes. "La Ley 025 no proporciona garantías a la ciudadanía y nos impide actuar adecuadamente en casos de jueces que deberían ser destituidos pero no podemos formar un tribunal para ello", explicó.
Según Spencer, el Consejo enfrenta vacíos legales que limitan el control disciplinario sobre los jueces. La actual normativa les prohíbe intervenir en decisiones judiciales, lo que complica su trabajo de supervisión y corrección.
Falta de autoridad para sancionar
"Nuestra función se reduce a revisar si se cumplieron los procedimientos, no podemos modificar ni revisar sentencias. La ley limita nuestra intervención en los casos donde hay fallos cuestionables", dijo Spencer, enfatizando la falta de herramientas para sancionar a jueces que cometen errores o abusos.
El presidente del Consejo criticó la legislación anterior, que considera que protege a aquellos jueces que incurren en irregularidades, haciendo que el sistema judicial no funcione como debería. Spencer advirtió que es necesario actualizar la Ley 025 para establecer mecanismos que permitan investigar irregularidades y tomar decisiones disciplinarias efectivas.
"Hemos solicitado que se modifique la Ley 025 y otras atribuciones que tiene el Consejo de la Magistratura. Los bolivianos deben saber que no podemos cambiar los fallos de las decisiones de los jueces, eso está fuera de nuestro alcance".
Con estos cambios, el Consejo busca tener un mayor control sobre el sistema judicial y asegurar que aquellos que actúan de manera incorrecta enfrenten las sanciones que se merecen, mejorando así la percepción de justicia en el país.