Preocupación por la eliminación de la subvención al diésel en Bolivia
La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Gobierno para que tome medidas ante el fin de la subvención al diésel, que podría afectar a los sectores más vulnerables de la población.
La Defensoría del Pueblo se manifestó este domingo sobre las posibles repercusiones económicas y sociales que traerá la eliminación de la subvención al diésel, especialmente para aquellos hogares y sectores que ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
En un comunicado, la institución destacó la relevancia de este combustible para actividades esenciales como el transporte, la producción agrícola y el comercio. Advirtieron que su alza podría impactar directamente en los precios de los alimentos y otros bienes de primera necesidad, lo que afectaría aún más a las familias con menos recursos.
Aunque la Defensoría reconoce las dificultades económicas que enfrenta el país y la necesidad de políticas que estabilicen las finanzas públicas, subrayaron la importancia de no dejar de lado los derechos económicos y sociales de la ciudadanía, como el derecho a la alimentación, la salud y un nivel de vida digno.
La entidad instó al Gobierno a implementar soluciones efectivas y transparentes para proteger a las familias más vulnerables y a establecer un diálogo con los sectores afectados. También pidieron un seguimiento continuo de los precios, sobre todo de los alimentos básicos y otros servicios esenciales.
Asimismo, la Defensoría llamó a la población y a los grupos sociales y económicos a ejercer sus derechos de manera pacífica, promoviendo el diálogo y evitando acciones que puedan incrementar la vulnerabilidad o afectar el abastecimiento de bienes y servicios esenciales.
"La protección de los derechos humanos y la estabilidad económica deben ser atendidas de manera simultánea. Se debe priorizar el diálogo y la búsqueda de soluciones para que las medidas económicas no perjudiquen desproporcionadamente a los más vulnerables".
Finalmente, la Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando los efectos que estas decisiones económicas tienen sobre los derechos humanos de la ciudadanía y se compromete a realizar las recomendaciones necesarias en este contexto.