Loza da un ultimátum a excandidatos opositores en Cochabamba

El gobernador cochabambino, Leonardo Loza, ha tomado una decisión polémica: obligar a los excandidatos que compitieron con partidos opositores a vender sus terrenos en un plazo de 90 días. Esta medida ha generado una fuerte controversia y acusaciones sobre vulneración de derechos.

Edwin Claros, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, ha señalado que Loza, en su rol como autoridad, debería proteger los derechos políticos y civiles establecidos en la Constitución. Loza, además, es dirigente de Chimoré y su decisión ha sido justificada por Aquilardo Caricari, quien argumenta que los miembros de las organizaciones sindicales deben seguir las directrices acordadas en el congreso.

Los excandidatos a los que se les exige vender sus tierras son aquellos que se postularon por otras fuerzas políticas, lo que se considera por algunos como una traición. Claros ha calificado esta medida como un desatino que atenta contra la Constitución, que protege el derecho a la propiedad privada y las libertades individuales.

El artículo 21 de la Constitución garantiza las libertades de expresión y asociación, mientras que el artículo 26 protege la participación política. Según Claros, Loza debería estar utilizando su posición para fomentar un ambiente democrático donde se respete la diversidad de opiniones.

Caricari ha defendido la resolución, enfatizando que quienes se afilian a las organizaciones sindicales son conscientes de que deben acatar las decisiones de sus congresos. En una entrevista, afirmó que esta sanción es parte de los acuerdos asumidos en la Comisión Orgánica de la Federación de Chimoré.

La postura de Claros es clara: considera que este tipo de medidas sientan un peligroso precedente de abuso de poder, donde se vulneran derechos esenciales y la propiedad privada, lo que puede derivar en persecución ideológica y desposesión arbitraria.