Las seis dudas que trae el nuevo proyecto de ley de inversiones del Gobierno
Omar Rilver Velasco, analista, critica varios puntos del nuevo proyecto de ley de inversiones, señalando contradicciones que podrían afectar la economía boliviana.
El analista Omar Rilver Velasco Portillo ha expresado su inquietud respecto al nuevo proyecto de Ley de Inversiones que propone el Gobierno, señalando seis áreas que podrían generar confusión y contradicciones sobre su implementación.
Uno de los puntos más críticos que menciona Velasco es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI). Se cuestiona el papel de esta entidad durante los primeros 120 días en los que se desarrollará el Plan de Inversiones, sugiriendo que su función no queda clara.
Además, el analista hace hincapié en los incentivos que se ofrecerían a las empresas transnacionales. Afirma que el proyecto no incluye requisitos mínimos sobre inversión, creación de empleo, transferencia de tecnología ni el retorno de divisas al país, lo que podría generar un vacío en las obligaciones de estas empresas.
Otro aspecto que él critica son las exenciones tributarias, que abarcan beneficios en IVA, Gravamen Arancelario y créditos tributarios sobre el IUE. Velasco advierte que estas medidas podrían originar una disminución en los ingresos fiscales, sin contar con un plan claro para compensar esa pérdida.
El analista también se muestra preocupado por la posibilidad de que compañías extranjeras puedan enviar sus utilidades y dividendos al exterior sin que la ley establezca requisitos mínimos para la reinversión en Bolivia, ni mecanismos que aseguren el retorno de dólares de las exportaciones.
Finalmente, Velasco critica el rol de la Asamblea Legislativa en los contratos de inversión. Señala que el proyecto propone una ratificación de contratos negociados por el Ejecutivo, lo que contradiría las atribuciones que la Constitución otorga a la Asamblea sobre los contratos del Estado.
Por último, hace hincapié en que el proyecto permitiría al Gobierno destinar recursos públicos para financiar programas relacionados con créditos y garantías para el sector privado, algo que considera cuestionable en el contexto del déficit fiscal que enfrenta el país.