La batalla por el diésel: entre corrupción y lucha política
La reciente intervención en la ANH marca un punto crítico en la guerra contra la corrupción en el sector hidrocarburífero. Mientras algunos luchan por el bienestar del agro, otros siguen llenándose los bolsillos a costa del país.
La confrontación entre Rodrigo Paz y Evo Morales ha tomado tintes épicos, similar a un conflicto entre naciones. El presidente ha intensificado su ataque contra la corrupción, con el ministro Marcelo Blanco liderando una intervención clave en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) durante los feriados, afectando gravemente a la mafia relacionada con el MAS que se beneficia del tráfico de diésel.
Mientras el ministro se encontraba en Santa Cruz gestionando la situación con los surtidores de combustible, siete cisternas ilegales lograron ingresar a la planta de refinación. Esto ocurre en un contexto donde la escasez de diésel está paralizando la producción agrícola y el transporte en el país, mientras que algunos imperturbables continúan utilizando este recurso para el contrabando.
La ambición desmedida de estos grupos es alarmante, al punto que operan como un ejército decididos a destruir lo que sea necesario, pero asegurando el combustible para la producción de drogas. En este panorama, el ministro Blanco ha prometido una limpieza contundente en YPFB, la estatal que ha crecido de 700 a 8.000 empleados bajo el manejo del MAS.
Este desafío será complejo, ya que se busca modificar las condiciones de trabajo de las empresas petroleras, que actualmente lidian con un sistema que favorece a la corrupción. Atraer nuevas inversiones implica ofrecer precios competitivos para el crudo y el gas, muy por debajo de los niveles internacionales.
La situación es insostenible: el costo de inversiones en Bolivia es de 27 dólares por barril, mientras que en el mercado internacional se cotiza a 80. Lo mismo ocurre con el gas natural, que en el país se vende a 1 dólar por millón de BTU, y en el exterior a 13. Esta situación disuade cualquier interés por invertir, lo que obliga a Bolivia a importar combustibles y deja el negocio en manos de los corruptos.
Antes de esta intervención, los directores de la ANH habían emitido una resolución que les permitía expropiar surtidores esperando combustible de empresas privadas. Esto demuestra su empeño en proteger un esquema de corrupción que beneficia a un selecto grupo de aliados y jefes.