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jueves 29 de octubre de 2026

Sociedad

Guardaparques exigen la anulación de un instructivo que pone en riesgo sus puestos

Los guardaparques de Bolivia están en pie de lucha. Piden al gobierno que revoque un instructivo que amenaza sus empleos y exigen mejores condiciones laborales.

Por Mauricio Antezana · 11 de septiembre de 2026

La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC) ha solicitado al Ministerio de Producción que deje sin efecto un instructivo que pide a los trabajadores de áreas protegidas presentar su renuncia. Esta solicitud busca proteger la estabilidad laboral de quienes forman parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

El rechazo de ABOLAC se centra en una nota emitida el 28 de agosto por el ministro Oscar Mario Justiniano Pinto, que se comunicó a través de una videoconferencia a directores y jefes de Protección. El argumento detrás de esta decisión es una "transición ordenada y adecuada" hacia una nueva estructura institucional, en el marco del Decreto Supremo 5675.

La asociación sostiene que esta medida ignora la trayectoria y dedicación de los guardaparques, quienes han trabajado arduamente en la conservación del patrimonio natural y cultural del país. Por eso, ABOLAC ha decidido denunciar esta situación ante organismos como la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.

Demandas de ABOLAC para mejorar condiciones laborales.

  1. Mayor presupuesto para infraestructura y mantenimiento de áreas protegidas
  2. Contratación de más guardaparques
  3. Seguros de vida y accidentes para el personal
  4. Ajuste salarial acorde al costo de vida actual

ABOLAC también enfatiza la necesidad de mejorar las herramientas y equipos necesarios para combatir amenazas como la minería ilegal, el narcotráfico y los incendios forestales. Además, reiteran su solicitud de diálogo con el presidente Rodrigo Paz Pereira.

Finalmente, si sus demandas no son atendidas, la organización advirtió que se verán forzados a movilizarse hacia la sede de Gobierno y declararse en estado de emergencia para defender sus derechos y la institucionalidad de las áreas protegidas.