Gobierno y Gobernadores lanzan la Agenda 50/50 para mejorar autonomías
En un evento llevado a cabo en Sucre, el Gobierno y los nueve gobernadores del país acordaron trabajar en la Agenda 50/50, que busca reformar la distribución de recursos y fortalecer la autonomía fiscal de las gobernaciones.
Este miércoles se firmó el Acuerdo 001/2026, un paso crucial para la Agenda 50/50, que tiene como objetivo fortalecer las autonomías departamentales. El acuerdo incluye reformas en la gestión presupuestaria, el régimen tributario y la distribución de recursos.
Uno de los puntos clave del compromiso es la creación de una mesa técnica especializada que se encargará de elaborar un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. Se espera que este trabajo permita llegar a consensos durante la actual gestión legislativa para implementar el nuevo esquema en la gestión fiscal del año 2027.
Además, se evaluarán métodos para ampliar la autonomía fiscal de las gobernaciones. Esto implica la posibilidad de reclasificar algunas bases imponibles que actualmente están bajo control central, así como la creación de nuevos tributos, siempre dentro del marco constitucional. También se contempla la modificación de la Ley 154, que regula la Clasificación y Definición de Impuestos, con un plazo de 90 días para presentar el proyecto.
En cuanto al presupuesto, se acordó revisar las normativas que condicionan el gasto en los departamentos y avanzar en la eliminación de aquellas que obligan a financiar obligaciones del nivel central o de entidades ya cerradas. Las gobernaciones también tendrán mayor libertad para definir cómo asignar su presupuesto, aunque el Gobierno mantendrá el control de los totales fiscales.
El documento firmado también plantea la revisión de leyes que han limitado las competencias de los gobiernos departamentales y la evaluación de ajustes en las transferencias fiscales, buscando criterios de sostenibilidad y equidad territorial.
La Agenda 50/50 también abarcará la creación de normas para fomentar alianzas entre el sector público y privado desde las gobernaciones. Asimismo, se propondrá modificar la Ley 699 para mejorar el relacionamiento internacional y se analizarán opciones para transferir gradualmente entidades públicas a la administración departamental.
Para la implementación de estos acuerdos, el Gobierno se comprometió a ofrecer información técnica a las gobernaciones, que también deberán contribuir con insumos para formular propuestas consensuadas. Además, se realizarán reuniones con municipios y autonomías indígenas para integrar estos acuerdos en el futuro Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.