Gobierno de Paz opta por el FMI antes que por la reforma constitucional
La administración de Rodrigo Paz Pereira busca extender el estado de excepción, lo que obstaculiza una modificación a la Constitución, mientras se negocia un acuerdo con el FMI.
El gabinete del Gobierno ha decidido solicitar una prórroga de 90 días para el estado de excepción, lo que deberá ser defendido ante la Asamblea Legislativa. Esta decisión plantea una encrucijada política, ya que facilita la implementación de la agenda económica del Ejecutivo, incluyendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero impide la reforma constitucional necesaria para algunas de las propuestas de dicho acuerdo.
El presidente Rodrigo Paz Pereira no se presentará personalmente a defender esta solicitud en la Asamblea, como exigieron algunos grupos parlamentarios. En su lugar, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que serán los ministros quienes argumenten a favor de la prórroga. Esta medida fue implementada el 20 de junio debido a bloqueos en el país, pero su ampliación ahora dependerá del apoyo legislativo, en un contexto donde muchos cuestionan su necesidad.
Prioridades en la agenda política
El Gobierno enfrenta dos prioridades: la crisis económica, que requiere un crédito del FMI y una serie de reformas, y la necesidad de una reforma constitucional que legitime su gestión mediante un referéndum. Sin embargo, la extensión del estado de excepción bloquearía cualquier intento de reforma constitucional, ya que la ley prohíbe su inicio en estas circunstancias.
El artículo 140.III de la Constitución es claro al respecto, y el vicepresidente Edmand Lara ya advirtió que no convocará sesiones para discutir reformas mientras el estado de excepción esté vigente. Esto significa que si se prorroga, la discusión sobre la reforma constitucional quedará estancada por otros 90 días.
- Expresidente Jorge Tuto Quiroga: pide al Gobierno rendir cuentas antes de ampliar el estado de excepción.
- Legisladores como Víctor Quispe están abiertos a la extensión, mientras que José Manuel Ormachea ya anticipa el rechazo de su bancada.
La prolongación del estado de excepción no solo extendería un régimen excepcional, sino que también podría retrasar el debate sobre la reforma constitucional, que es clave para la oposición. Esto podría significar que cualquier referéndum al respecto no se celebre hasta el segundo semestre de 2027 debido a los plazos que debe cumplir el Tribunal Supremo Electoral para organizar una elección.
Finalmente, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, Jhonny Torres, instó al Gobierno a priorizar el diálogo y el consenso para abordar las demandas pendientes antes de que expire el estado de excepción. Torres argumentó que esta medida por sí sola no resolverá las tensiones sociales, y enfatizó la importancia de buscar soluciones a través de la conversación.