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jueves 29 de octubre de 2026

Política

García lidera la nueva ofensiva contra la corrupción en Bolivia

El Gobierno de Bolivia ha declarado la lucha contra la corrupción como prioridad nacional, designando a Yamil García como el nuevo encargado de esta misión.

Por Mauricio Antezana · 15 de septiembre de 2026

El gabinete de ministros bajo la dirección de Rodrigo Paz ha aprobado el Decreto Supremo 5706, que establece la lucha contra la corrupción como una ‘prioridad nacional’. Este decreto también enfatiza la necesidad de promover la integridad pública y fortalecer la transparencia en las instituciones del Estado.

El objetivo principal de esta normativa es asegurar el uso eficiente de los recursos públicos y mejorar la confianza de la ciudadanía en el Estado, enfrentando de manera efectiva cualquier situación que pueda comprometer su integridad.

Yamil García ha sido designado como el ‘Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia’. Este nuevo cargo le otorga la responsabilidad de coordinar estrategias relacionadas con la lucha anticorrupción a nivel ejecutivo y entre diversas instituciones, tanto públicas como privadas.

El Gobierno ha subrayado la necesidad de alcanzar un estado libre de corrupción, apuntando a ‘Cero Corrupción, Transparencia Radical y Probidad Estatal’. Para ello, se busca fortalecer las capacidades operativas del Viceministerio de Transparencia, que será el encargado de comunicar y gestionar estos procesos.

Entre las atribuciones del nuevo viceministerio se encuentra la coordinación con distintos organismos estatales y organizaciones sociales para implementar políticas que prevengan y combatan la corrupción. También se establece que deben promover la creación de mecanismos interinstitucionales para detectar y gestionar riesgos relacionados con la corrupción.

Además, el viceministerio podrá llevar a cabo acciones inmediatas en diversas entidades públicas y privadas donde el Estado tenga participación, teniendo la capacidad de requerir información y documentos de manera obligatoria y rápida para identificar posibles irregularidades.

Por último, el decreto establece que el Viceministerio de Transparencia deberá colaborar estrechamente con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para mejorar la eficacia en la lucha contra la corrupción y proteger los recursos del Estado, fomentando la transparencia y la integridad.