El TPS se mete en la pelea por la sucesión de mando
La controversia sobre quién asume la presidencia del país va al Tribunal Constitucional, donde se analiza el Decreto Supremo 5515 en medio de varias demandas.
La disputa por la sucesión presidencial ha llegado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde se han presentado al menos siete acciones legales relacionadas con este tema. Las demandas vienen tanto del vicepresidente Edmand Lara como de algunos legisladores y ciudadanos particulares.
Una de las acciones más relevantes fue interpuesta en febrero por Wilfredo Pérez Aliaga, quien pidió que se obligue a Rodrigo Paz a cumplir con la Constitución Política del Estado (CPE) y transferir el mando cada vez que se ausente del país, o que la Asamblea Legislativa proceda a la sucesión constitucional por abandono del cargo. Esta acción busca cuestionar el Decreto Supremo (DS) 5515 que permite a Paz gobernar desde el extranjero utilizando tecnología.
En abril, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz rechazó la solicitud de tutela presentada por Pérez, argumentando que no había evidencia de una vulneración de derechos por parte del presidente. Posteriormente, este caso fue enviado al TCP para su revisión.
Antes de esto, en enero de 2026, Ricardo Guisbely Limachi, presidente de la Sala Constitucional Tercera de El Alto, también había desestimado una acción similar presentada por el abogado Wilmer Vásquez contra el mismo decreto. Lara y otros legisladores también han presentado acciones de inconstitucionalidad que están siendo tramitadas actualmente.
El magistrado Ángel Edson Dávalos, en mayo, confirmó que se han admitido recursos de inconstitucionalidad contra el controvertido decreto. Sin embargo, esto aún no significa que haya una resolución definitiva sobre su validez.
La presidenta del TCP, Paola Prudencio, declaró recientemente que las acciones legales contra el DS 5515 están siendo tramitadas siguiendo el orden en que fueron presentadas.
La postura de los expertos
Arturo Yáñez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), comentó que, mientras el TCP no declare lo contrario, el DS 5515 se presume constitucional. "El pleno del TCP es el único que puede decidir sobre la inconstitucionalidad de esta norma", destacó Yáñez.
La controversia sobre el Decreto 5515 se intensificó tras las declaraciones del vicepresidente Lara, quien sugirió que el Artículo 169 de la CPE debe tener prioridad sobre dicho decreto. Además, indicó que cada vez que Paz se ausente, él asumirá la presidencia.
Por su parte, Aldo Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, reafirmó que, en caso de ausencias, Diego Ávila, presidente del Senado, asume como presidente en funciones, aunque dejó claro que Rodrigo Paz sigue siendo el presidente actual.