El Gobierno lanza nueva estrategia para combatir el narcotráfico
Con el objetivo de enfrentar el aumento de cultivos de coca, se presentó un plan que abarca varios ejes estratégicos y busca la cooperación internacional.
El Gobierno de Bolivia ha dado a conocer su nueva política antidrogas para el periodo 2026-2030, la cual tiene como meta principal fortalecer las acciones de inteligencia financiera y criminal, además de mejorar el control territorial y fomentar la cooperación con otros países en la lucha contra el narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió que las organizaciones criminales están ampliando sus operaciones, diversificando sus rutas y utilizando tecnologías avanzadas para mover recursos ilegales a través de las fronteras.
Oviedo destacó que aunque la erradicación de cultivos y la interdicción son esenciales, estas acciones son insuficientes si las organizaciones criminales mantienen su estructura de mando y financiamiento. Es necesario abordar el problema desde un enfoque más amplio.
El plan antidrogas se basa en nueve ejes estratégicos que buscan proteger a la población y reducir el poder del narcotráfico. Entre los ejes se incluyen acciones de inteligencia, investigación criminal, control de sustancias químicas y medidas para la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
La cooperación internacional es otra pieza clave en este plan. El ministro enfatizó que el combate al narcotráfico requiere una respuesta conjunta entre naciones, dado el carácter transnacional de las organizaciones delictivas.
La estrategia se presenta justo después de que se conocieran los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que revelaron que Bolivia tiene 36.400 hectáreas de cultivos de coca en 2025, un aumento del 7% en comparación con el año anterior, y un significativo crecimiento en el Trópico de Cochabamba.
En respuesta a estos alarmantes datos, Oviedo afirmó que este aumento representa un desafío para el Estado, que debe actuar con más firmeza para controlar los cultivos ilegales y promover un futuro más seguro para todos.