El Gobierno evalúa cerrar entre 8 y 10 empresas estatales
En un movimiento por reestructurar el aparato estatal, el Gobierno de Rodrigo Paz considera el cierre de varias empresas públicas que no resultan sostenibles. Las evaluaciones están en marcha y podrían afectar a múltiples entidades.
La administración de Rodrigo Paz está llevando a cabo una reestructuración de las empresas estatales, analizando la posibilidad de cerrar, liquidar o transformar aquellas que no sean viables. Se estima que entre ocho y diez entidades podrían verse afectadas por este proceso, que es liderado por el Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, comentó que las empresas pasarán por diagnósticos técnicos para decidir cuáles son capaces de seguir funcionando y cuáles se convierten en una carga para las finanzas del Estado. Esta revisión se enmarca dentro del nuevo PGE Reformulado 2026, que facilita la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas.
La OFEP ha identificado que 15 empresas se encuentran en quiebra técnica, acumulando pérdidas de alrededor de Bs 3.637 millones. Entre las entidades en problemas se encuentran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
Como parte del plan del Gobierno para reducir el déficit fiscal, se contempla una disminución de Bs 3.800 millones en los aportes de capital a las empresas públicas. Espinoza aclaró que no se busca cerrar empresas de manera arbitraria, sino evaluar la mejor opción para cada una: ya sea mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas, asociarse con el sector privado o liquidarlas.
Entre las empresas bajo este escrutinio se encuentra una que produce papas fritas en El Alto, que podría enfrentar el cierre, una transferencia a otro nivel gubernamental o formar parte de un esquema de asociación público-privada, dependiendo de las conclusiones de la evaluación.
El Gobierno busca reducir la carga del aparato empresarial estatal que, durante años, ha consumido recursos públicos. Ahora, las empresas deberán demostrar que pueden ser autosuficientes y no seguir siendo un peso para el Estado.