Cocaleros en pie de lucha ante rumores de atentado contra Evo Morales
Los seguidores de Evo Morales se agrupan en el trópico de Cochabamba para rechazar un supuesto plan en su contra, mientras el Gobierno niega estas acusaciones y llama al respeto de la ley.
Los cocaleros afines a Evo Morales han declarado un "estado de emergencia permanente" y están realizando movilizaciones en el trópico de Cochabamba. Esto surge en respuesta a lo que ellos consideran un plan en su contra para atacar al expresidente, al que han denominado "trofeo mayor".
Desde la noche del jueves, los seguidores de Morales han tomado varios puntos estratégicos en la región, incluyendo la Novena División del Ejército en Villa Tunari, situada en la provincia del Chapare. Acusan a los ministros de Gobierno y Defensa de estar detrás de este supuesto complot.
"Quiero que sepa el pueblo de Bolivia: el ministro de Defensa ha preparado hacer matar a Evo Morales… Es el último plan que tienen", afirmó Morales en una transmisión radial, donde también mencionó que recibió información de fuentes dentro de la policía y las fuerzas armadas, aunque no presentó pruebas.
Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiano, ha rechazado categóricamente estas acusaciones, asegurando que nunca ha planeado un atentado contra Morales ni contra ninguna otra persona. Justiano insiste en que lo que existe son órdenes judiciales de aprehensión contra el líder cocalero.
Justiano enfatiza que cumplir con una orden judicial no debe confundirse con la creación de un plan criminal. Las autoridades están obligadas a actuar conforme a la ley, asegurando que se respeten los derechos de todos los involucrados en cualquier procedimiento.
A lo largo de la controversia, el ministro ha retado a Morales para que presente evidencia de sus acusaciones ante el Ministerio Público. "Si tiene pruebas, que las muestre", declaró, reafirmando su compromiso de actuar siempre dentro del marco legal.
Finalmente, el ministro Justiano dejó en claro que su enfoque estará siempre orientado a la legalidad y que no responderá a las acusaciones con amenazas o especulaciones, reafirmando su compromiso con el respeto a la ley y los derechos fundamentales de las personas.