Chiquitanía se pronuncia contra el extractivismo y busca proteger su territorio
Las comunidades indígenas de la Chiquitanía han decidido declarar su territorio libre de actividades extractivas, pidiendo medidas urgentes para frenar desmontes y garantizar el acceso al agua.
Un grupo de aproximadamente 50 líderes indígenas y defensoras firmaron en Santa Cruz un voto resolutivo que solicita poner un alto a la deforestación, la entrega de tierras y derechos mineros, además de exigir justicia por el río San Lorenzo. Esta declaración se realizó durante el Encuentro de Comunidades y Defensores afectados por el Agroextractivismo, llevado a cabo en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).
El documento, titulado "Por el derecho al agua, al territorio y a un medio ambiente sano", fue respaldado por caciques, presidentas de organizaciones de mujeres y representantes de comunidades de diversas localidades como San José de Chiquitos, San Rafael y Concepción. A través de este voto, se exige a las autoridades nacionales y locales que cesen de manera inmediata las autorizaciones para actividades extractivas en la región.
Uno de los puntos claves del voto es la declaración de los territorios de la Nación Chiquitana como libres de extractivismo. Los firmantes hacen un llamado a varias instituciones gubernamentales para que detengan la deforestación, argumentando que esta es una de las principales causas de los incendios y sequías que enfrentan.
El agua como prioridad
El agua es un tema central en el voto. Las comunidades solicitan la protección de las fuentes acuíferas y humedales, así como la realización de un monitoreo sobre el impacto de las actividades extractivas en la disponibilidad de agua. La hidrogeóloga Mónica Guzmán, quien participó en el encuentro, advirtió sobre los efectos de la deforestación y los incendios en los acuíferos de la Chiquitanía.
El documento también se centra en el conflicto del río San Lorenzo, donde las comunidades de Turubó Este denuncian que una hacienda ganadera ha represado el río, afectando a alrededor de 1.500 familias desde 2020. A pesar de los intentos de buscar justicia, han enfrentado retrasos y obstáculos en los procesos judiciales.
El voto resolutivo no solo critica al Gobierno, sino también a las instancias judiciales y locales por no cumplir con sus roles de protección y fiscalización. Se exige una respuesta rápida y justa a las demandas de las comunidades y se resalta la importancia de la participación y control social por parte de las bases indígenas.
Con un fuerte sentido de unidad, las comunidades de la Chiquitanía han decidido alzar la voz por el agua, los bosques y sus territorios, afirmando que estas son fundamentales para su supervivencia y cultura. La declaración cierra con la contundente consigna: ¡Chiquitanía libre de extractivismo!