Cárceles de Bolivia: una realidad alarmante
La Defensoría del Pueblo reveló serias violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país, destacando el hacinamiento y la falta de recursos básicos.
Este fin de semana, la Defensoría del Pueblo de Bolivia hizo un llamado de atención sobre las "graves vulneraciones" a los derechos humanos que ocurren en los centros penitenciarios del país. La situación se ha vuelto crítica, destacando problemas como el hacinamiento extremo, la escasez de personal y fallas en los servicios sanitarios.
Según el Informe Anual 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la situación en las cárceles y carceletas provinciales es preocupante. Se mencionan casos de hacinamiento tan severo que los reclusos deben dormir en pasillos y otros lugares no destinados para ello.
El informe también señala que los internos sufren por el retraso en el pago de los "prediarios", que es una pensión alimenticia de apenas 8 bolivianos (aproximadamente 69 centavos de dólar) al día. Además, se reporta un colapso en los sistemas de saneamiento, escasez de agua potable y acumulación de basura en las instalaciones.
La Defensoría destaca que, a finales de 2025, la población carcelaria alcanzó los 33.058 internos, casi el doble de los 17.305 que había en 2020. Lo más alarmante es que más del 50% de estas personas están detenidas sin una condena firme, lo que implica una violación a la presunción de inocencia.
Otro dato relevante del informe es que los delitos relacionados con sustancias controladas son la principal causa de encarcelamiento de mujeres en Bolivia. El 60% de las mujeres en prisión enfrenta cargos por tráfico y transporte de drogas, generalmente ocupando los roles más vulnerables dentro de estas estructuras criminales.
"En muchos casos, estas mujeres ocupan los eslabones más bajos y vulnerables de las estructuras del narcotráfico, como transportistas o 'mulas', y enfrentan penas que pueden oscilar entre 10 y 25 años".