Cañeros y mineros en pie de lucha contra el decreto del diésel

El sector cañero de Santa Cruz realizó una movilización ayer hacia las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para manifestar su rechazo al Decreto Supremo 5676. Los productores, liderados por Oscar Alberto Peña, dejaron chala en la entrada como forma de protesta, argumentando que la fijación de dos precios distintos para el diésel discrimina a su sector y encarece la producción.

Los cañeros demandaron la derogación del decreto y solicitaron que el Gobierno trabaje en conjunto con ellos para crear una normativa más justa. Peña advirtió que, tras la eliminación anterior de la subvención al diésel, la producción cayó a la mitad, y teme que esta nueva medida agrave aún más la situación, afectando los precios de los productos en el mercado.

Además, el dirigente anunció una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz para definir acciones futuras en contra del decreto y exigir soluciones que permitan la continuidad de la producción.

Por otro lado, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) también pidió la abrogación del Decreto Supremo 5676 y criticó que se les pida presentar alternativas a la medida, que establece un precio inicial de 18 bolivianos por litro de diésel para clientes directos y grandes consumidores.

"El Gobierno tiene que dar alternativas de solución, no nosotros. Ellos tienen que traer propuestas, no decretos, no imposición".

El DS 5676 fue promulgado en un contexto donde persisten las largas filas en los surtidores para la compra de combustibles y las quejas de diversos sectores productivos por la escasez de diésel. Este decreto busca aliviar la carga fiscal de la importación de diésel por parte de YPFB a través de un precio referencial que considera costos de importación y tributos.

El decreto establece un precio inicial de 18 bolivianos por litro para ciertos usuarios, mientras que para el resto se mantiene el precio de 9.80 bolivianos establecido en un decreto anterior. Fencomin advirtió que este aumento tendrá un efecto negativo en el sector productivo, trabajadores y familias, y reafirmó su estado de emergencia pidiendo la derogación del DS 5676.