Bolivia impulsa un plan para combatir el crimen organizado en Panamá
En el Foro A3C, Bolivia propone una estrategia para reforzar la colaboración regional contra el crimen organizado, buscando pasar de diagnósticos a acciones efectivas.
Bolivia está presente en el Foro A3C que se lleva a cabo en Panamá, donde ha presentado una iniciativa centrada en mejorar la cooperación entre países para enfrentar el crimen organizado transnacional, con un enfoque en implementar acciones concretas que generen resultados tangibles.
El ministro de Gobierno, Ernesto Justiniano, destacó que las organizaciones delictivas ya no se limitan al tráfico de drogas, sino que han evolucionado y ahora incorporan métodos como el financiamiento ilícito, la violencia, el uso de tecnología, la corrupción, la desinformación y el control de territorios.
En este contexto, Justiniano planteó la necesidad de que Bolivia refuerce su capacidad operativa y realice ajustes en su marco legal para permitir una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo en zonas de frontera, el espacio aéreo, ríos y otros lugares estratégicos, siempre bajo la supervisión civil, con coordinación institucional y respeto a la normativa vigente.
Además, el ministro subrayó la importancia de aprender de las experiencias de otros países de la región, como Colombia, Perú, Brasil y Paraguay, adaptando sus estrategias a las realidades y necesidades específicas de Bolivia.
Uno de los retos más grandes que se identificaron es la necesidad de realizar un seguimiento a los flujos económicos de las organizaciones criminales. Por eso, resaltó la relevancia de fortalecer la inteligencia financiera, mejorar la ciberdefensa, rastrear criptoactivos y combatir el lavado de dinero, así como fomentar la colaboración internacional.
Justiniano enfatizó que las redes criminales operan sin fronteras, lo que hace crucial que la respuesta sea coordinada entre los países de la región.
La participación de Bolivia en este foro tiene como finalidad reforzar la seguridad nacional, fundamentándose en los principios de soberanía, legalidad e institucionalidad democrática, con el objetivo de salvaguardar el territorio, la población y la democracia.