Beller denuncia al gobierno por violar el Estado de Derecho en el caso Cerimedo

Nadia Beller, la abogada que lleva el caso Cerimedo, expresó su preocupación por la reciente aprehensión del fiscal general Róger Mariaca y la entrada de policías a las oficinas del Ministerio Público. Beller sostiene que estas acciones podrían comprometer las investigaciones que involucran al asesor presidencial argentino.

A través de sus redes sociales, Beller argumentó que los eventos actuales no deben tomarse como situaciones aisladas y acusó al gobierno de Rodrigo Paz de aprovechar la crisis institucional para proteger a aquellos que están relacionados con Cerimedo. La abogada afirmó que "se ha roto el endeble Estado de Derecho que había, y ahora no hay garantías de un juicio justo en Bolivia".

Uno de los puntos críticos que Beller mencionó fue la supuesta conexión entre Mariaca y el narcotraficante Sebastián Marset, basada en una conversación informal que se produjo durante la captura de Marset. En esa charla, el narcotraficante supuestamente mencionó que Mariaca era su amigo.

Beller cuestionó la validez de usar esa conversación como prueba en un juicio y planteó que debería existir evidencia adicional que respalde las acusaciones. También se preguntó por qué esta información no fue presentada antes, si ya estaba disponible desde marzo.

En relación con el ingreso de los policías a la Fiscalía, Beller advirtió sobre el riesgo de que se destruyan pruebas clave en el caso de Cerimedo. En sus publicaciones, enfatizó que "los policías entraron a la fiscalía sin una orden judicial, lo que podría permitir que desaparezcan las pruebas contra Cerimedo".

Beller también se cuestionó quién garantizará la integridad de las pruebas, planteando inquietudes sobre la custodia de documentos, teléfonos y otros elementos que podrían ser manipulados. Preguntó: "¿Qué asegurará que nada desaparezca o se altere en el proceso de investigación?".

Finalmente, Beller reflexionó sobre la posibilidad de que la crisis en el Ministerio Público lleve a la elección de un nuevo fiscal general que no se comprometa con las investigaciones actuales, preguntándose si se está preparando el camino para un fiscal que actúe en favor del gobierno.