Beller critica diferencias en el trato a audios de Marset y Cerimedo

Nadia Beller ha hecho una fuerte crítica a la situación judicial en Bolivia, señalando que la aprehensión de Roger Mariaca, quien estaba investigando a Fernando Cerimedo y a la familia presidencial, se basa en una charla informal entre el narcotraficante Sebastián Marset y un policía durante su captura.

A través de sus redes sociales, Beller afirmó que el Estado de derecho en Bolivia está siendo vulnerado para proteger a Cerimedo y a otros sectores del gobierno de Rodrigo Paz. Según ella, no existen garantías para un juicio justo actualmente.

La conversación entre Marset y el efectivo policial, donde el narcotraficante menciona a Mariaca como ‘su amigo’, no es considerada prueba judicial, según Beller, quien la califica como la simple declaración de un criminal en busca de beneficios legales. Además, criticó que la grabación estuvo oculta durante seis meses sin que se tomaran acciones antes.

Beller también comparó el tratamiento de este caso con otro audio, que fue publicado por el vicepresidente Edmand Lara, donde Cerimedo coordina pagos por vuelos de narcotráfico. Se preguntó por qué las autoridades actuaron contra Mariaca basándose en el audio de Marset y no hicieron lo mismo con el audio que involucra a Cerimedo.

La activista destacó la existencia de una ‘doble vara’ en la aplicación de la ley, donde decisiones de gobiernos extranjeros parecen influir en las investigaciones en Bolivia de manera selectiva. También advirtió sobre la intervención de la policía y el riesgo de manipulación de pruebas.

Beller se preguntó quién controla a los policías involucrados en estas investigaciones y cómo se asegura la integridad de las pruebas, mencionando su propio caso, en el que se investiga a agentes que habrían colaborado con Cerimedo para amenazar su vida.

Finalmente, Beller se mostró preocupada por la posibilidad de que se utilice la crisis actual para remover a quienes investigan a Cerimedo y colocar en su lugar a un fiscal general alineado con el Ejecutivo, lo que podría llevar a la impunidad total del entorno presidencial.

Concluyó advirtiendo que, con la intervención de las fiscalías y los abusos al debido proceso, Bolivia enfrenta un momento crítico en su democracia, donde la seguridad jurídica está en juego.