Bagayeros dan ultimátum a la Aduana argentina
Tras un bloqueo en la frontera, bagayeros levantan la medida de presión y exigen soluciones a las restricciones comerciales en 15 días.
La Asociación de Bagalleros 27 de Mayo del Gran Chaco decidió levantar el bloqueo del puente internacional de San José de Pocitos, ubicado en Yacuiba, luego de llegar a un acuerdo con autoridades nacionales y regionales. Este compromiso establece un plazo de 15 días para que se atiendan sus demandas en relación a las restricciones impuestas por la Aduana argentina.
La protesta, que paralizó el tráfico de camiones y pasajeros, dejó varadas a empresas como La Preferida y Quirquincho. Sin embargo, el paso peatonal se mantuvo abierto con el resguardo de efectivos de ambos lados de la frontera.
Según Ramiro Alarcón, presidente del gremio, las nuevas normas argentinas limitan a 10 kilogramos la entrada de productos como harina, maíz y soja, afectando en gran medida la actividad de los bagayeros, que ahora solo pueden operar al 30% de su capacidad.
Este escenario impacta en el sustento de más de 1,100 familias de San José de Pocitos y Barrio Nuevo, quienes dependen de este trabajo en la frontera. Las negociaciones para solucionar el conflicto fueron iniciadas por el coronel Lisandro García de la policía fronteriza, con la participación de la senadora Rosalba Romero y otros funcionarios.
En un contexto paralelo, los municipios argentinos de Aguas Blancas y Salvador Mazza han interpuesto una acción de amparo colectivo contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esto se hace con el fin de revertir las restricciones al comercio fronterizo con Bolivia.
La demanda judicial fue presentada por el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza. Ambos piden que se declare la inconstitucionalidad de la normativa que limita el egreso de mercaderías, entre las que se incluyen restricciones sobre granos y productos en envases mayores a 10 kilogramos.
La acción legal también busca suspender la aplicación de la Resolución General 5910/2026, que establece un límite de 150 dólares diarios por persona para retirar productos de Argentina, lo que ha llevado a un descontento generalizado entre los comerciantes de la región.