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miércoles 28 de octubre de 2026

Policial

ALD PIDE MEDIDAS URGENTES PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA EN SAN IGNACIO

La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz solicita al Gobierno militarizar San Ignacio de Velasco y suspender las clases presenciales, tras el aumento de asesinatos en la zona.

Por Nelson Zurita · 15 de septiembre de 2026

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz ha solicitado al Gobierno que tome acciones inmediatas para mejorar la seguridad en San Ignacio de Velasco, incluyendo la militarización de áreas consideradas peligrosas debido a un alarmante incremento de asesinatos, presuntamente vinculados al sicariato y al crimen organizado.

María René Álvarez, presidenta de la ALD, expresó su desconfianza hacia el plan Fronteras Seguras, subrayando que la presencia del Estado en las zonas fronterizas es claramente insuficiente. Álvarez hizo un llamado a implementar medidas más efectivas para frenar la propagación de la violencia en las comunidades.

La alarma se encendió después de que el domingo se reportaran dos homicidios en San Ignacio, con solo 15 minutos de diferencia entre ambos. La Policía ha indicado que uno de los fallecidos no tenía antecedentes criminales, mientras que el otro podría estar relacionado con el Primer Comando de la Capital (PCC).

La ALD también propuso suspender las clases presenciales temporalmente debido al miedo que sienten los padres. Esto se agrava por la aparición de marcas en casas y escuelas, que según las autoridades locales, podrían estar asociadas a grupos criminales brasileños. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente el significado de estas marcas.

El Gobierno ya ha anunciado el despliegue de fuerzas militares especiales en San Ignacio de Velasco. El Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que los efectivos permanecerán en la región el tiempo necesario, debido a la presencia de organizaciones criminales que están involucradas en disputas territoriales.

La ALD reafirma que San Ignacio "no puede ser tierra de nadie" y demanda un compromiso del Estado para establecer una presencia constante, así como mejorar la inteligencia, el control fronterizo y las estrategias contra las estructuras criminales en la región.