TCP alerta sobre fallos falsos y corrupción interna

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha puesto en alerta a la ciudadanía tras informar sobre la circulación de una sentencia falsa que pretendía ser utilizada en trámites de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB). El TCP ha denunciado a dos personas, un particular y su abogada, por haber intentado engañar a la CUB con un documento no válido.

El asesor legal del TCP, Oswaldo Silva, explicó que la sentencia falsa, identificada como 910/2026, no existe en el sistema de gestión procesal. La real, con el número 66129, está aún en la Comisión de Admisión y no ha sido asignada a ningún magistrado.

Los involucrados, Walter Junior Nakashima y Ximena Patricia Aguilar Lazarte, están siendo investigados por el uso de un instrumento falsificado. Silva comentó que la sentencia no está terminada y, por lo tanto, el documento presentado es completamente ilegal.

En un caso separado, un proyectista de sentencias fue denunciado por intentar vender una resolución a un litigante a cambio de dinero. Este funcionario, contratado en enero de este año, fue destituido y luego arrestado tras ser sorprendido recibiendo dinero de una de sus víctimas.

El exfuncionario continuó haciéndose pasar por empleado del TCP y ofrecía falsamente cargos laborales a personas interesadas, cobrando incluso 4.000 bolivianos por un puesto de comunicador social. Tras su denuncia, fue remitido al Ministerio Público y se le impuso una detención preventiva mientras avanza la investigación.

Además, el TCP ha destituido a varios funcionarios por presentar documentos falsos para ingresar. Una de ellas presentó un diploma falso en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, mientras que otra adulteró su título para obtener antigüedad. Todos los casos han sido enviados al Ministerio Público.

El TCP está implementando controles para evitar más casos de corrupción, que incluyen compromisos de confidencialidad y mejoras en la videovigilancia. Se busca erradicar el fenómeno de los cobros ilegales por resoluciones, que se ha vuelto un problema en el ámbito judicial.

Finalmente, un exfuncionario del Tribunal Supremo de Justicia había sido denunciado anteriormente por cobrar 20.000 bolivianos por un fallo, aunque logró extinguir el proceso después de llegar a un acuerdo con la víctima. Estos casos reflejan un patrón de corrupción que el Ministerio Público busca erradicar con medidas estrictas.