Exportadores bolivianos preocupados por su imagen tras caso de madera
El escándalo por madera vinculada al narcotráfico genera dudas en el comercio boliviano, afectando la confianza y operaciones por puertos chilenos.
La situación del comercio exterior boliviano ha quedado en suspenso tras el escándalo de madera sospechosa de estar relacionada con el narcotráfico en Chile. Los exportadores han manifestado sus reservas sobre continuar utilizando los puertos chilenos y requieren que las investigaciones aclaren los hechos para recuperar la confianza de los compradores internacionales.
Mario Rojas, gerente de la Cámara de Exportadores de La Paz (CAMEX), comentó que la reciente decisión de un juez chileno de suspender la quema de la madera incautada mientras se realizan más pruebas alimenta la incertidumbre en el sector.
Rojas subrayó que si se determina que la incautación y la posible destrucción de la carga fueron mal justificadas, el sector evaluará acciones legales, incluyendo la posible violación del Tratado de Paz y Amistad de 1904.
Como un primer paso, las empresas buscan una respuesta pública que ayude a reparar el daño a la imagen de las exportaciones bolivianas. También se considerará la opción de una demanda internacional dependiendo de los resultados de las indagaciones.
Rojas enfatizó que las repercusiones de este escándalo van más allá de las pérdidas económicas, ya que mercados que se habían abierto tras años de esfuerzo ahora están cerrados para los exportadores bolivianos.
Este clima de incertidumbre también está afectando a otros sectores que dependen de los puertos chilenos. Según Rojas, las exportaciones de madera están prácticamente detenidas y se ha notado una considerable baja en el volumen de envíos desde el puerto de Arica.
Los empresarios están preocupados por la falta de claridad en el cumplimiento de las condiciones del Tratado de Paz y Amistad, lo que podría poner en riesgo otras mercancías bolivianas.
Los exportadores están a la espera de los resultados de las pericias que se espera concluyan en un plazo de 60 días, y de las decisiones que se tomen posteriormente para definir sus acciones. Su principal objetivo es la recuperación de su reputación internacional y evaluar posibles maneras de reparación por los daños sufridos.