Vacío legal retrasa juicios en Bolivia y el TSJ propone un cambio urgente
El Tribunal Supremo de Justicia plantea una nueva ley para avanzar en los juicios de responsabilidades, cruciales para casos como el de Evo Morales y Álvaro García Linera.
La falta de un marco normativo que asegure la revisión de sentencias está causando un estancamiento en los juicios de responsabilidades en el país. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que se ha enviado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para establecer un proceso que cumpla con el derecho constitucional de la doble instancia.
"La Constitución establece que debe haber doble instancia, lo que significa que se puede apelar la sentencia del TSJ", comentó Saucedo en una rueda de prensa, subrayando la necesidad de esta reforma.
Detalles del proyecto de ley
El proyecto contempla la reorganización de las tareas dentro de la Sala Plena, dividiendo las responsabilidades entre sus miembros: unos se encargarían de la fase preliminar, otros del juicio y la sentencia, mientras que un tercer grupo manejaría las apelaciones. En total, la propuesta consiste en tres artículos y ya está siendo discutida en el Senado.
Un análisis jurídico publicado resalta que una sentencia anterior eliminó la figura de la única instancia de la Ley 044 de juicios de responsabilidades, dando un plazo de seis meses a la Asamblea para crear un recurso que nunca se cumplió. Esto ha dejado a los juicios en un limbo legal, complicando el proceso contra figuras como Evo Morales y Álvaro García Linera por su vinculación al caso Hotel Las Américas.
El caso involucra un operativo policial del 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, que terminó con la muerte de tres extranjeros, acusados de formar parte de una célula terrorista. Esta investigación se tornó más compleja tras un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que documentó graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado boliviano.
En paralelo, la Fiscalía ha dado luz verde a una denuncia penal de víctimas del caso, iniciando una investigación preliminar contra 105 personas, aunque controversias han surgido debido a la exclusión de ciertos acusados, como el exfiscal general Juan Lanchipa.
Mientras tanto, el TSJ reitera que la creación de una norma que garantice la doble instancia es fundamental para que estos juicios avancen con todas las garantías legales necesarias.