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miércoles 28 de octubre de 2026

Policial

Detienen a Nelson Virreyra, dirigente campesino, en medio de acusaciones de persecución política

Nelson Virreyra, un reconocido líder del ala evista en Cochabamba, fue arrestado en la avenida Blanco Galindo, generando reacciones de alerta entre sus seguidores, quienes hablan de una cacería de dirigentes.

Por Andrea Claros · 6 de octubre de 2026

Este martes, las autoridades aprehendieron a Nelson Virreyra, un influyente dirigente campesino en Cochabamba, mientras se encontraba en la avenida Blanco Galindo. Su arresto es parte de una investigación relacionada con los bloqueos que tuvieron lugar durante más de 50 días entre mayo y junio.

La orden de aprehensión, emitida el 5 de octubre, señala que Virreyra enfrenta cargos por supuestos delitos vinculados a las movilizaciones, tales como atentado contra la seguridad de los medios de transporte y la instigación pública a delinquir. Su abogado indicó que primero se presentará su declaración y luego se decidirá si se le imputará y se le someterá a una audiencia cautelar.

Virreyra, quien jugó un rol clave en las manifestaciones, ha calificado su arresto como una "persecución política". Argumenta que las protestas se llevaron a cabo por la escasez de alimentos y combustible en el país. Desde el entorno evista, han expresado su descontento con la detención, sugiriendo que busca intimidar a los líderes sociales del movimiento.

La detención se produce justo cuando Virreyra había anunciado planes para nuevas movilizaciones programadas para el 13 de octubre, junto a grupos afines al expresidente Evo Morales, en respuesta a las políticas económicas del Gobierno actual y la eliminación de la subvención al diésel. El dirigente había declarado que octubre marcaría el "inicio del fin" del gobierno de Rodrigo Paz.

Cabe recordar que la investigación por los bloqueos también involucra a otros líderes y exautoridades, cuyos casos se están manejando por separado. La aprehensión de Virreyra no implica una condena ni establece que haya una política oficial destinada a desmantelar las dirigencias, aunque eso es lo que sostiene el entorno que denuncia la persecución política.

Finalmente, será la Fiscalía y el sistema judicial quienes tendrán la responsabilidad de determinar las implicaciones legales y las responsabilidades individuales en este caso, en medio de un ambiente crítico y polarizado.