Las invitaciones a invertir, pero sin preparación

Rodrigo Paz ha estado invitando a empresas estadounidenses a que consideren invertir en Bolivia, argumentando que el país está en un nuevo camino. Sin embargo, lleva ya diez meses sin presentar al Parlamento un proyecto de ley que garantice esas inversiones.

Si alguna de estas empresas decide aceptar la invitación, se encontraría con que en Bolivia no hay garantías jurídicas que protejan sus intereses, lo que podría generar desconfianza y hacerlas sentir como si hubieran sido engañadas.

Un hogar desordenado para los inversores.

Invitar a alguien a tu casa implica preparar todo adecuadamente. Rodrigo Paz parece haber olvidado este detalle, ya que despidió a un ministro que se encargaba de elaborar las bases para una nueva ley de hidrocarburos, dejando un vacío en la preparación del terreno.

Por ejemplo, si una empresa petrolera decidiera invertir en Bolivia, descubriría que el precio que YPFB pagaría por el petróleo producido sería de 27,11 dólares por barril, cuando el precio global supera los 100 dólares. Este monto, determinado por un decreto de Carlos Mesa, sigue sin ser actualizado por el actual gobierno.

Además, la situación es similar con el gas natural, cuyo precio fijado en 1 dólar se ha quedado corto, ya que actualmente se comercializa a 3,14 dólares en el mercado internacional. YPFB debería a las empresas operadoras unos 340 millones de dólares debido a estos precios desactualizados.

El legado del gobierno anterior ha dejado un panorama que desanima las inversiones en el sector petrolero, y el gobierno de Paz no ha tomado medidas para cambiar esa situación. A día de hoy, YPFB actúa más como un ente regulador que impone condiciones que muchas empresas consideran abusivas.

Desde que el MAS dejó el poder, los empresarios bolivianos han estado pidiendo que se restablezcan las garantías jurídicas que existían antes. Los inversores extranjeros, por su parte, priorizan asegurarse de que haya un marco legal sólido antes de decidir dónde invertir.

Lamentablemente, en Bolivia hay artículos dentro de la Constitución que van en contra de estas garantías, además de una cultura de bloqueos que a menudo paraliza las iniciativas empresariales.