El fin del subsidio al diésel: ¿nuevo comienzo o solo un cambio de sheriff?

El 18 de septiembre de 2026, el Gobierno de Bolivia ejecutó una jugada maestra al desmantelar a un enemigo silencioso de las finanzas públicas conocido como "Subsidios", cuyo cabecilla era el subsidio al diésel. Este esquema absorbía más de 200 millones de dólares cada mes, a cambio de ofrecer precios artificialmente bajos del combustible a los ciudadanos.

A raíz de la elección de un nuevo líder en noviembre de 2025, se implementó el Decreto Supremo (DS) 5516 en diciembre, que elevó el costo del litro de diésel de 3,74 a 9,80 bolivianos. Esta medida dejó al subsidio en una situación crítica, aunque la euforia fue breve debido a un aumento global del petróleo del 50% por un conflicto en Medio Oriente.

Con el objetivo de acabar con esta situación, el gobierno estableció enero de 2027 como la fecha límite para eliminar a la banda criminal de subsidios. Luego, el 9 de julio de 2026, se aprobó el DS 5652, que asignó fondos adicionales para combatir el subsidio, buscando mejorar la situación.

En agosto, el DS 5676 limitó las operaciones del subsidio al diésel a pequeños consumidores y transportistas, quienes resultaron ser aliados de los contrabandistas, lo que complicó aún más la situación. La medida generó críticas y resistencia entre la población.

Ante la insuficiencia de recursos, el 27 de agosto se emitió el DS 5683, que duplicó el fondo para mantener el precio del diésel, beneficiando tanto a la banda de subsidios como a los contrabandistas. Sin embargo, la situación no mejoró como se esperaba.

Finalmente, el 18 de septiembre de 2026, el DS 5716 niveló el precio interno del diésel con el costo internacional, incluyendo impuestos que beneficiarían al Estado. Esta estrategia se basa en cuatro pilares: alinear el precio al mercado global, establecer un sistema de ajuste periódico, esperar el fin de los conflictos internacionales y depender de la disponibilidad de divisas.

Sin embargo, persiste la duda sobre cómo reaccionará la ciudadanía ante estos cambios, dado que muchos suelen apoyar la banda de subsidios. Existe el riesgo de que busquen cambiar al sheriff por uno que les otorgue mejores condiciones.

La respuesta del Gobierno incluye un estado de excepción para intentar controlar posibles protestas, ofrecer compensaciones por los inconvenientes generados y buscar un crédito internacional que garantice las divisas necesarias para mantener el abastecimiento.