Desaguadero: la espera que desespera en la frontera con Perú
Cruzar el paso fronterizo de Desaguadero se ha convertido en una verdadera odisea, donde los viajeros deben enfrentar largas filas y escasa atención por parte de las autoridades bolivianas.
Formar una fila que supera las tres horas al aire libre, soportando el frío del altiplano y esquivando camiones de carga, es la dura realidad que viven quienes intentan cruzar legalmente la frontera entre Bolivia y Perú en Desaguadero.
Mientras que en Perú el proceso es ágil y cuenta con personal suficiente, en el lado boliviano la situación es bastante distinta. Las oficinas de la Dirección General de Migración están desbordadas, con solo dos funcionarios atendiendo a una gran cantidad de usuarios, lo que ha generado numerosas quejas por parte de los viajeros.
Hasta el momento, se ha solicitado formalmente una entrevista al director general de Migración, Eddy Alfredo Ordóñez Caba, para aclarar el estado del personal y los planes de mejora para 2026. Sin embargo, no han recibido respuesta a sus inquietudes, dejando a los usuarios sin información sobre la situación.
Los datos oficiales de presupuesto revelan una preocupante disparidad en la asignación de recursos para la Dirección General de Migración. Para este año, se destinaron más de 94 millones de bolivianos, pero solo el 7,3%, aproximadamente 6.9 millones, se asigna a la Unidad de Control Migratorio y Arraigos, que se encarga de los puntos fronterizos.
Esta escasez de recursos se traduce en largas esperas en Desaguadero, donde entre 1.500 y 3.000 personas cruzan a diario, cifra que se duplica durante eventos de feria binacional. Esta situación no solo genera descontento, sino que también empuja a muchos a evadir los controles oficiales, optando por rutas no reguladas que amenazan la seguridad de los migrantes.
A pocos metros del puente oficial, el cruce informal por el río Desaguadero se vuelve una alternativa diaria para miles, quienes ingresan y salen del país sin ningún control, lo que representa un riesgo para la seguridad nacional y el comercio.
La Defensoría del Pueblo ha señalado a Desaguadero y Pisiga como puntos críticos debido a las demoras extremas y la falta de personal médico y apoyo humanitario. Esto ha llevado a que muchos migrantes busquen caminos clandestinos, aumentando el peligro de la trata de personas y poniendo en riesgo el turismo, ya que los viajeros extranjeros, cansados de esperar, consideran otras opciones.