Bolivia se convierte en uno de los países con diésel más caro de Sudamérica
El cambio en la política de subsidios coloca a Bolivia en el segundo lugar en precios de diésel en la región, dejando atrás años de costos bajos.
Bolivia ha cambiado drásticamente su situación respecto al precio del diésel. Después de haber mantenido durante años uno de los precios más accesibles en Sudamérica, ahora se encuentra entre los países con los precios más altos de la región. Desde la eliminación de los subsidios, anunciada el 18 de septiembre, el costo del litro de diésel se ha fijado en Bs 17,95, lo que equivale a aproximadamente 1,63 dólares.
Este cambio de precios significa un fuerte contraste con la política que había estado vigente en el país por casi 20 años. Desde 2006, el precio del diésel se había mantenido en Bs 3,72 gracias a la intervención del Estado, que cubría la diferencia con el costo de importación. Intentos anteriores de aumentar el precio, como el que se realizó en diciembre de 2010, fueron rápidamente revertidos tras protestas masivas.
La política de subsidios, que había llegado a costar al Estado Bs 12.678 millones en 2023, fue defendida por el Gobierno, argumentando que ayudaba a controlar el impacto de los precios internacionales en el transporte y el costo de vida. Sin embargo, las dificultades financieras y la crisis de abastecimiento comenzaron a cambiar el panorama.
Con el fin del subsidio al diésel, la administración de Rodrigo Paz ha propuesto un nuevo sistema de precios que busca simplificar el costo del combustible y aliviar la presión fiscal. Esta medida ha sido justificada como necesaria para enfrentar los problemas de abastecimiento que han afectado a diferentes sectores, desde la agricultura hasta el transporte, que han sufrido la falta de diésel para sus operaciones.
Impacto en la economía y el suministro
El nuevo precio del diésel ha colocado a Bolivia en el segundo lugar de la lista de precios más altos en Sudamérica, solo superado por Perú, donde el litro se cotiza alrededor de 1,96 dólares. Esto representa un cambio radical en la estructura de precios del país, que también implica desafíos para la población y sectores productivos que dependen de este insumo.