Surgen nuevas dudas en el juicio del quíntuple asesinato en Corani Pampa

El juicio oral por el quíntuple asesinato ocurrido en la comunidad de Pucamayu, cerca de Corani Pampa, está en marcha después de casi dos años de indagaciones. Sin embargo, el proceso se complica ya que solo uno de los acusados se encuentra tras las rejas, mientras que otros implicados aún no han enfrentado juicio.

Fernando Meneses, abogado de las familias de dos de las víctimas, expresó que el caso sigue envuelto en un ambiente de confidencialidad y miedo. Durante las audiencias, se destacó la presencia de tres abogados defendiendo al único acusado, lo que generó inquietud entre los demandantes.

Meneses también cuestionó el cambio de versión del acusado, quien inicialmente había ofrecido un relato detallado de los hechos y se había declarado voluntario para declarar. Ahora afirma que fue sometido a torturas y presiones para dar su primera declaración.

Otro punto de controversia es el idioma en el que el acusado hizo sus declaraciones. Según la parte demandante, el procesado había declarado en español, pero ahora asegura que no domina ese idioma y que su testimonio fue en quechua. Además, menciona que fue presionado por miembros de la comunidad y engañado por autoridades para entregarse.

Se solicitó una reconstrucción de los hechos, pero la Policía no pudo llevarla a cabo argumentando falta de condiciones de seguridad. Meneses subrayó las dificultades que enfrentan las autoridades para acceder a la comunidad, donde los líderes locales controlan el ingreso.

Este caso se remonta a noviembre de 2024, cuando cinco personas fueron secuestradas y posteriormente halladas sin vida en los alrededores de Pucamayu. Las víctimas incluyen a Tadashi Loroña, su esposa Trinidad Muñoz, su hermanastra Lisa Loroña, el exmilitar Juan Carlos Román y Cristian Serna.

La investigación sugiere que el asesinato estuvo vinculado a un conflicto por armas y dinero. Meneses mencionó que el acusado había nombrado a otros posibles implicados, incluidos familiares y comuneros, quienes actualmente no están en juicio porque se desconoce su paradero.

El juicio oral se reanudará en diciembre, con el objetivo de asegurar la presencia de testigos y la recolección de más pruebas. Además, se ha cambiado al fiscal que lleva el caso, lo que añade otra capa de complejidad a la situación. Las familias de las víctimas esperan que el proceso judicial esclarezca no solo quiénes fueron los responsables, sino también el motivo detrás del horrendo crimen.