Saltar al contenido

jueves 29 de octubre de 2026

Política

Gobierno plantea extender el estado de excepción en Bolivia

El estado de excepción, que está en vigor desde junio, podría ampliarse por 90 días más, lo que retrasa el debate sobre la reforma constitucional.

Por Nelson Zurita · 11 de septiembre de 2026

El Gobierno boliviano está considerando extender el estado de excepción que se instauró el 20 de junio por otros 90 días. Esta decisión podría complicar aún más la discusión sobre la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE). La Comisión de Justicia de Diputados aprobó este jueves un proyecto de resolución que deberá ser discutido en el pleno y luego en la Asamblea Legislativa.

La importancia de esta medida radica en que el artículo 140 de la CPE prohíbe iniciar una reforma constitucional mientras el estado de excepción esté vigente. Si se lleva a cabo esta prórroga, cualquier intento de modificación a la Constitución quedaría paralizado por más tiempo.

La declaración del estado de excepción fue una respuesta a 53 días de bloqueos y tensiones sociales. El Gobierno argumenta que aún existen riesgos de protestas que podrían desestabilizar el país. El diputado oficialista Alejandro Medinaceli mencionó que esta ampliación es fundamental para proteger la estabilidad lograda tras los recientes conflictos.

Sin embargo, esta medida ha despertado críticas en el ámbito político. Jorge Quiroga, líder del partido Libre, expresó su preocupación señalando que prorrogar el estado de excepción significa una postergación de tres meses más para una reforma constitucional que considera necesaria. "Prorrogar y ampliar por tres meses un estado de excepción (…) significa ya no solamente 10 meses, sino tres meses más de no tratar lo imprescindible", aseguró.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha señalado que el estado de excepción es una herramienta temporal que no soluciona los problemas estructurales que generan la conflictividad, como el costo de la vida y las dificultades con el suministro de combustible.

Así, mientras el Gobierno intenta mantener el control ante la posibilidad de nuevas protestas, la reforma constitucional vuelve a quedar en un segundo plano, atrapada en medio de la lucha política.