El boleo y su regulación: una tarea pendiente para los municipios
La hoja de coca genera un debate complejo en Bolivia, y se hace urgente que los gobiernos municipales asuman la responsabilidad de regular su consumo y garantizar la salud pública.
Bolivia enfrenta un reto considerable para lograr una convivencia pacífica y dejar atrás la confrontación y la violencia presentes en diversas comunidades. Recientemente, un conflicto surgido por una exposición fotográfica en Manzana Uno, en Santa Cruz, ha puesto sobre la mesa varias cuestiones relacionadas con el uso de la hoja de coca.
La hoja de coca es vista como un símbolo cultural por parte de algunos sectores de la población, pero también hay una práctica generalizada de acullico y boleo que se defiende con distintos argumentos. Sin embargo, la producción excedentaria de coca para el narcotráfico sigue siendo un tema que no se puede ignorar.
En este contexto, muchos ciudadanos, que a menudo son los más afectados, se encuentran atrapados entre diferentes realidades. Es crucial que el Estado tome medidas para asegurar la salud pública y la inocuidad alimentaria, así como establecer normativas que regulen el boleo, protegiendo así a quienes no consumen la hoja.
La necesidad de regulación municipal y el vacío legal
A pesar de que el Estado ha reconocido el consumo de la hoja de coca a través de leyes que promueven su uso, aún falta una regulación específica que controle el boleo en espacios públicos. Actualmente, no existe un control de inocuidad alimentaria para la hoja de coca, lo que plantea serios riesgos para la salud de los consumidores.
Investigaciones como la realizada por Rocío Condori y otros, han revelado la presencia de bacterias y contaminantes en la hoja de coca, lo que subraya la urgencia de contar con normativas que garanticen la salubridad del consumo. Además, es fundamental regular el lugar y las condiciones en que se lleva a cabo el acullico para evitar incomodidades en espacios cerrados.
Finalmente, corresponde a los gobiernos municipales implementar controles de calidad y sanidad, como lo establece la Constitución. Al no haber una norma nacional que regule este tema, se deja a los municipios la tarea de crear sus propias leyes para garantizar la salud de la población respecto al consumo de la hoja de coca.