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viernes 11 de septiembre de 2026

Sociedad

Violencia en cárceles: 17 muertes en 2026 superan las de 2025

Las cárceles bolivianas enfrentan una crisis de violencia alarmante, con 17 muertes violentas registradas en lo que va del año, según el Defensor del Pueblo.

Por Nelson Zurita · 2 de septiembre de 2026

En lo que va de 2026, se reportan 17 muertes violentas en los centros penitenciarios de Bolivia, cifra que ya supera los 15 decesos contabilizados durante todo el año pasado. Esta alarmante situación fue expuesta por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien advirtió sobre el creciente nivel de violencia en las cárceles del país.

Durante la inauguración del Seminario Internacional "Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América", Callisaya enfatizó que la cantidad de muertes en lo que va de año es una señal de una "grave crisis de justicia en el área penitenciaria". Hizo un llamado a las instituciones para que prioricen acciones que prevengan la tortura y la violencia en los recintos de privación de libertad.

En Bolivia, actualmente hay más de 33.000 personas encarceladas en 46 cárceles, y el hacinamiento se ha vuelto crítico en lugares como San Pedro, en La Paz, y Palmasola, en Santa Cruz. Esta situación se agrava aún más, ya que el 53,9% de los internos está en detención preventiva, lo que refleja los problemas estructurales en el sistema de justicia y penitenciario del país.

Callisaya subrayó que el Estado debería ir más allá de las respuestas reactivas y enfocarse en transformar las condiciones que fomentan la violencia y los abusos en las cárceles. Afirmó: "La verdadera medida del éxito no será cuántas denuncias de tortura se reciben, sino cuántas condiciones que hacen posible la tortura han sido eliminadas".

El seminario, que se lleva a cabo en Santa Cruz de la Sierra, reúne a representantes de organismos internacionales y a expertos en la prevención de la tortura de distintos países. Durante el evento, las partes coincidieron en la importancia de reforzar los mecanismos de prevención y monitoreo para proteger los derechos de las personas privadas de libertad.