Intervención de YPFB: El Gobierno toma las riendas de la petrolera
El Gobierno ha decidido intervenir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por hasta 180 días para mejorar la gestión de importación y distribución de combustibles.
Mediante el Decreto Supremo 5697, firmado el 1 de septiembre, el Gobierno ha dispuesto una intervención extraordinaria de YPFB, que se extenderá por un periodo inicial de 180 días. Esta medida busca corregir las fallas en la operación de la empresa estatal y mejorar la cadena de logística relacionada con los carburantes.
La intervención se llevará a cabo a través de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, la cual se encargará de monitorear la gestión de la petrolera durante el tiempo que dure esta medida. La comisión estará compuesta por representantes de varios ministerios, incluido el de Economía y el de Hidrocarburos.
Los motivos detrás de esta intervención incluyen serias deficiencias en los procesos de importación y distribución de combustibles, que ponen en riesgo el interés público y la seguridad energética del país. Aunque se establece este control, la intervención no significa que YPFB dejará de existir ni que cambiará su estructura.
La comisión tendrá la tarea de evaluar áreas críticas como la comercialización y logística de los combustibles. También se encargará de detectar irregularidades como contrabando o desvío de recursos, y podrá recomendar auditorías para identificar responsabilidades en el proceso.
Además, la comisión podrá realizar revisiones en aspectos como la importación, adquisición y distribución de combustibles, y también tendrá la facultad de solicitar la remoción de personal si se determina que hay responsabilidades en la mala gestión.
El decreto también establece que el personal de YPFB deberá proporcionar toda la información que requiera la comisión, y el no hacerlo podría tener consecuencias tanto administrativas como penales. Se espera que la intervención no genere gastos adicionales al Tesoro Nacional, ya que se cubrirá con los presupuestos de las entidades involucradas.