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viernes 11 de septiembre de 2026

Política

Nuevo registro inmobiliario llega tras protestas de compradores

El Gobierno lanza el Registro Nacional de Proveedores de Servicios Inmobiliarios ante las quejas de los ciudadanos por cláusulas abusivas y aumentos en las cuotas de sus contratos.

Por Diego Rocha · 1 de septiembre de 2026

El Gobierno de Bolivia ha implementado el Decreto Supremo 5690, el cual establece el Registro Nacional de Proveedores de Servicios Inmobiliarios (RENAPSI). Esta decisión se da en un contexto de protestas por parte de compradores de terrenos y viviendas que están pidiendo soluciones a los incrementos en las cuotas y las cláusulas que consideran abusivas en sus contratos.

La iniciativa fue anunciada justo después de que un grupo de representantes de los manifestantes se reuniera con funcionarios del Viceministerio de Comercio y de Defensa del Consumidor. La activista María Galindo mencionó que se acordó suspender las ventas y cobros hasta que se revisen los contratos vigentes.

Este conflicto comenzó en julio, cuando los compradores de urbanizaciones en Santa Cruz aseguraron que la nueva regulación cambiaria había elevado sus cuotas. Además, pidieron que se respetaran los contratos firmados, que estaban basados en el tipo de cambio oficial de Bs 6,96.

El decreto establece que el RENAPSI tiene como finalidad registrar a las empresas del sector inmobiliario y a los profesionales freelance que trabajen en este ámbito. Esto busca mejorar la identificación de proveedores y aumentar la protección de los consumidores.

Además, se ha determinado que la información contenida en el registro será accesible y gratuita a través de plataformas digitales oficiales. El Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua será el encargado de la implementación y supervisión del registro.

El nuevo decreto también permite que los usuarios presenten quejas administrativas ante Defensa del Consumidor y establece un plazo de 30 días hábiles para que se reglamente el registro. Lo interesante es que su implementación no requerirá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación.