Avanza la reglamentación para víctimas de Senkata y Sacaba

La Defensoría del Pueblo anunció que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ha ordenado al Ministerio de la Presidencia y al Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos que, en un plazo de 30 días hábiles, se implementen acciones para concluir la reglamentación de la Ley N.º 1686, que busca brindar una reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante las crisis políticas en el país.

Pedro Callisaya Aro, Defensor del Pueblo, afirmó que el cumplimiento de la reparación integral es fundamental y que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que las víctimas ejerciten sus derechos y participen en las decisiones que los afectan.

El 10 de julio de 2026, la Defensoría del Pueblo presentó una acción legal en representación de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, debido al incumplimiento en la reglamentación de la Ley N.º 1686. En su argumentación, señalaron que la falta de reglamentación impide que las víctimas accedan a la justicia y a la reparación integral, y que esto contraviene recomendaciones de entidades internacionales como el GIEI y la CorteIDH.

El 31 de agosto de 2026 se emitió la Resolución Constitucional N.º 237/2026, que instruye a las autoridades competentes a realizar cuatro acciones clave: organizar la participación de las víctimas y la sociedad civil, finalizar la revisión del proyecto de reglamentación, resolver objeciones organizativas y enviar el proyecto final al Órgano Ejecutivo para su aprobación.

Desde la Defensoría del Pueblo, se considera que esta decisión es un avance significativo para que el Estado cumpla con el mandato de la Ley N.º 1686, permitiendo que las víctimas tengan voz en la normativa que regule su reparación.

Callisaya resaltó que es esencial que las víctimas participen en la elaboración de la reglamentación para que esta se ajuste a sus necesidades y garantice sus derechos humanos. La Defensoría seguirá supervisando el cumplimiento de la resolución para asegurar que las víctimas de Senkata y Sacaba reciban la reparación y protección que merecen.