¿Alerta en el sistema financiero? Nuevas medidas del Gobierno desatan la controversia
El reciente Decreto Supremo 5693 ha generado inquietud al permitir que el fondo del 6% se use para respaldar a los bancos en dificultades, poniendo en riesgo recursos destinados a créditos y vivienda.
El Gobierno liderado por Rodrigo Paz ha hecho oficial el Decreto Supremo 5693, que implementa acciones temporales y excepcionales para las entidades financieras que, al 31 de julio de 2026, estén enfrentando problemas de solvencia debido a la situación económica actual. Esta medida busca frenar un posible deterioro del sistema y asegurarse de que los servicios financieros se mantengan operativos.
Una de las principales preocupaciones que surge con esta normativa es la activación del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, creado en 2026 con el 6% de las utilidades netas de los bancos. Este fondo estaba destinado a facilitar el acceso a financiamiento, especialmente para proyectos de vivienda social y créditos productivos.
Con el nuevo decreto, el fondo tendrá la capacidad de emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial, que podrán ser otorgados a las entidades financieras que se encuentren en apuros de solvencia. Estos certificados tendrán un periodo de vigencia de hasta 90 días. Es decir, el dinero que originalmente debía facilitar el acceso a créditos ahora también podrá ser utilizado para fortalecer el patrimonio de los bancos.
Esto plantea un importante interrogante: si ciertas entidades financieras necesitan recurrir a este tipo de mecanismos para asegurar su solvencia, ¿qué tan grave es realmente la situación del sistema bancario? Aunque la norma no explícitamente indique una crisis bancaria generalizada, se requiere información adicional de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y del Gobierno para evaluar el impacto real.
La consecuencia política y social de esta medida es clara: los recursos que debían estar destinados a facilitar el acceso a la vivienda y los créditos productivos ahora podrían ser usados temporalmente para apuntalar la solvencia de los bancos. Esto genera un debate sobre si el Gobierno está priorizando el bienestar del sistema financiero ante la posibilidad de una crisis mayor o si está sacrificando fondos que podrían beneficiar a la población.
La pregunta que queda en el aire es contundente: ¿el Gobierno está protegiendo al sistema financiero para evitar un colapso, o está utilizando recursos que deberían estar destinados a la vivienda y la producción para solucionar problemas de las entidades bancarias?