Nueva ley libera a Tarija de gastos por más de Bs 13 MM
La Cámara de Senadores dio luz verde a un proyecto que asegura que el Gobierno Nacional se haga cargo de los gastos relacionados con el sistema penitenciario y el bono de vacunación, beneficiando a las gobernaciones del país.
Recientemente, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que cambia las reglas del juego para las gobernaciones en Bolivia. Esta ley establece que el Gobierno Nacional será responsable de cubrir los costos de los prediarios de los reclusos, el bono de vacunación y los títulos de bachiller, liberando a las gobernaciones de este gasto.
Con la implementación de esta norma, que lleva por nombre Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, se prohíben los débitos automáticos y la transferencia de recursos por estos conceptos, lo que permitirá que el gobierno departamental de Tarija disponga de más de 13 millones de bolivianos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, expresó su satisfacción por la aprobación de esta iniciativa, resaltando que esto fortalecerá la autonomía del departamento y evitará que se carguen responsabilidades financieras al nivel departamental que corresponden al Gobierno Central. Soruco subrayó que la autonomía debe ser una herramienta para el desarrollo local y no solo un discurso político.
Además, la Gobernadora recordó que su gestión ha trabajado para detener la transferencia de responsabilidades económicas a los gobiernos departamentales. A través de sus redes sociales, Soruco compartió el impacto económico que tendrá la ley, mencionando que en la gestión 2025, Tarija gastó más de 8 millones en el bono de vacunación, cerca de 482 mil en títulos de bachiller y más de 4 millones en prediarios, lo que totaliza 13.473.618,62 bolivianos.
La senadora Marcela Guerrero también se pronunció sobre esta ley, enfatizando la necesidad de que el presupuesto del Gobierno Nacional sea menos centralista y más equitativo hacia las regiones en el futuro, es decir, que se aplique un modelo 50-50 para la redistribución de recursos.
Con la expectativa de que este proyecto avance en la Cámara de Diputados y luego sea promulgado, se abre una nueva etapa en la consolidación de la autonomía departamental y en la defensa de los recursos regionales.