Protestas de Cañeros y Mineros por Nuevo Precio del Diésel
El sector cañero de Santa Cruz y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras alzan la voz contra el Decreto Supremo 5676, que eleva el costo del diésel y genera preocupación en la producción.
Ayer, el sector cañero de Santa Cruz llevó a cabo una manifestación frente a las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en oposición al Decreto Supremo 5676. Bajo la dirección de Óscar Alberto Peña, los productores expresaron su descontento dejando "chala" en las puertas de la institución como símbolo de su protesta, argumentando que la nueva normativa establece precios diferenciados para el diésel, lo que consideran una discriminación que aumentará sus costos de producción.
Los cañeros piden la derogación de esta norma y solicitan al Gobierno que trabaje en conjunto con ellos para crear una nueva regulación. Peña recordó que en momentos anteriores, cuando se retiró la subvención del diésel, el sector solo logró producir la mitad de lo esperado, lo que afecta directamente al abastecimiento y a los precios en el mercado.
Además, se anunció que se llevará a cabo una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz, donde se definirán nuevas acciones de protesta en contra del decreto y se buscarán soluciones para asegurar la continuidad de la producción.
Por otro lado, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) también se opone al Decreto Supremo 5676, pidiendo su abrogación. El presidente de Fencomin, Josué Caricari, enfatizó que no es responsabilidad de los mineros presentar alternativas, sino del Gobierno, que debe ofrecer soluciones concretas en lugar de imponer normas.
El mencionado decreto establece un nuevo precio de Bs 18 por litro de diésel para Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos), mientras que el precio para otros consumidores se mantiene en Bs 9,80. El Ministerio de Hidrocarburos será el encargado de validar la metodología para determinar este nuevo precio.
Fencomin advirtió que este incremento perjudicará gravemente al sector productivo y a las familias bolivianas, por lo que han declarado un estado de emergencia y exigen la anulación del DS 5676.