Bolivia se enfrenta a otra ola de incendios y las ‘leyes incendiarias’ siguen intactas

Bolivia ha regresado a una nueva temporada crítica de incendios, con más de 7.500 hectáreas ya devastadas por el fuego en Tarija y el parque Otuquis. Sin embargo, los esfuerzos para eliminar las leyes que han sido criticadas por facilitar estos siniestros permanecen estancados en la Asamblea Legislativa.

En Tarija, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ha reportado alrededor de 5.000 hectáreas afectadas debido a incendios en varias comunidades. Ante esta situación, la Gobernación ha declarado la emergencia en los municipios de Méndez, Uriondo y Cercado, mientras que la Fiscalía ha iniciado al menos cuatro investigaciones para identificar a los responsables de los incendios.

Por otro lado, en Santa Cruz, el incendio más considerable se ha registrado en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, donde ya se han consumido cerca de 2.538 hectáreas. A su vez, se han reportado focos de incendio en zonas como Pailón, Porongo y San Matías, complicados por fuertes vientos y la falta de recursos para las brigadas de combate.

En total, las cifras indican que, entre Tarija y Otuquis, más de 7.500 hectáreas han sido alcanzadas por el fuego, y esto ocurre justo al inicio de la temporada de mayor riesgo que se extiende de julio a octubre. Se han reportado también llamas en Liriuni, cerca del Parque Nacional Tunari, y La Paz ha despertado con una densa capa de humo.

Cecilia Requena, diputada de Unidad, ha señalado que los intentos de derogar las normas cuestionadas han fracasado en la Cámara de Diputados. "No se ha abrogado ninguna ley incendiaria. Todas se han quedado estancadas", declaró. Aunque algunas propuestas fueron aprobadas en el Senado en la legislatura anterior, no pudieron avanzar en la Cámara Baja.

Una de las normas que se intentó eliminar es la Ley 1171, relacionada con el uso y manejo de quemas, que fue promulgada en 2019 y que establece sanciones por quemas no autorizadas. A pesar de que se emitió un informe favorable para su abrogación, la propuesta ha encontrado oposición de legisladores que apoyan a sectores productivos.

Requena también cuestionó la efectividad de las sanciones, mencionando que las multas son tan bajas que muchos infractores prefieren pagarlas en lugar de corregir su comportamiento. Esto se agrava con la falta de registros de multas efectivas cobradas.

Otro punto crítico es la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas sin requerir un plan de manejo. Aunque el Senado aprobó su abrogación en septiembre de 2024, la norma sigue vigente.

La diputada enfatiza que eliminar esas disposiciones no será suficiente sin una nueva Ley de Bosques que cierre vacíos legales e incentive prácticas sostenibles. Requena propuso una combinación de sanciones más severas, junto con el apoyo a la agroforestería y la agricultura regenerativa.

La situación plantea un desafío aún mayor por los desastres previos, ya que en 2024 Bolivia sufrió su peor crisis de incendios, con 12,6 millones de hectáreas quemadas, siendo Santa Cruz la más afectada. Requena advierte que las condiciones climáticas adversas, como sequías y vientos fuertes, continuarán complicando la prevención de incendios.

Con la falta de acción legislativa y el fuego ya avanzando sobre bosques y comunidades, la diputada subraya que la respuesta debe ser más proactiva, involucrando información y vigilancia comunitaria, en lugar de solo actuar cuando el fuego ya está fuera de control.