Rechazo generalizado al nuevo decreto de diésel
El reciente decreto que ajusta el precio del diésel ha generado una ola de críticas entre distintos sectores, mientras el gobierno defiende su implementación como una medida necesaria.
El pasado domingo 16 de agosto, el gobierno aprobó el Decreto Supremo 5676, que libera el precio del diésel para grandes consumidores, fijando el costo inicial en 18 bolivianos por litro. Esta regulación ha sido duramente criticada por productores, cooperativistas y transportistas, quienes argumentan que solo fomenta el contrabando.
Yamil Nacif, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), expresó un rechazo contundente, señalando que la medida no resuelve la crisis de abastecimiento y solo incentiva el mercado negro. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió el decreto, afirmando que busca sincerar los costos y detener el desangramiento de recursos del Tesoro.
Desde el Comité de Defensa del Productor (Codepro) también se manifestaron en contra. Indicaron que la diferencia entre el nuevo precio y el anterior (9,80 bolivianos) podría incentivar la reventa ilegal de carburantes, mientras que los choferes, liderados por Lucio Gómez, advirtieron que este decreto afectará las tarifas del transporte de larga distancia.
A su vez, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Chuquisaca mostró su preocupación, argumentando que muchas empresas afiliadas dependen de este combustible para su operación. Aseguran que el problema de las largas filas en los surtidores no se resuelve simplemente trasladando costos a empresas formales.
El gobierno, sin embargo, apunta a que el decreto busca atacar el contrabando y regular el consumo de carburantes. Según el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, se espera que este cambio tenga efectos positivos a mediano plazo, ya que se estima que las redes de contrabando generaban entre 3 y 4 millones de dólares en ganancias diarias antes de las reformas.
Además, se mencionó que uno de los métodos utilizados por los contrabandistas incluye el uso de "bombuchas" para cargar diésel en áreas urbanas, lo que evidencia la intención de desviar el combustible hacia el mercado negro. La situación ha encendido un debate intenso entre el gobierno y los diferentes sectores afectados por esta nueva medida.