Samuel critica la burocracia en la Ley de Inversiones y propone cambios
Samuel Doria Medina, político y empresario, ha manifestado su preocupación por la complejidad de la Ley de Inversiones presentada por el Gobierno, sugiriendo simplificaciones para los beneficios tributarios.
Samuel Doria Medina, conocido empresario y político, ha evaluado el proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha enviado a la Asamblea, destacando que su estructura es excesivamente burocrática. Según Doria Medina, este sistema complica la calificación de proyectos que buscan acceder a incentivos tributarios, por lo que ha hecho un llamado a modificar la normativa.
A través de sus redes sociales, Doria Medina calificó el proyecto de "ampuloso e intrincado" debido a sus 38 artículos que están cargados de justificaciones y definiciones. Además, criticó el mecanismo propuesto para seleccionar las inversiones elegibles, que incluye una matriz de 100 puntos que determina el nivel de beneficios para los inversores.
El empresario también cuestionó la necesidad de que se aprueben planes de inversión quinquenales y la creación de una nueva agencia dedicada a la calificación de estos proyectos. En su análisis, Doria Medina planteó preocupaciones sobre un posible "riesgo moral", ya que la magnitud de los incentivos tributarios dependería de decisiones tomadas por funcionarios públicos, quienes no siempre son imparciales.
Señaló que los beneficios fiscales podrían variar significativamente, desde un 20% hasta un 100% de liberación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y otros tributos, dependiendo de la evaluación de estos funcionarios. Para reducir la discrecionalidad en la asignación de beneficios, propuso que se modifique la ley para implementar incentivos automáticos y uniformes para proyectos de inversión del mismo tamaño.
A pesar de sus críticas, Doria Medina considera que se deben preservar las alianzas público-privadas y el enfoque que busca posicionar al país en un lugar central, equilibrando la atracción de inversiones con un fuerte control estatal sobre los recursos naturales.
Por último, expresó su deseo de que el Ejecutivo esté abierto al diálogo sobre este proyecto y advirtió que su aprobación no debería ser un simple mecanismo político.