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sábado 12 de septiembre de 2026

Política

¿Por qué seguir las reglas si ellos no lo hacen?

La controversia por el alcalde de La Paz, César Dockweiler, quien no ha pagado beneficios sociales a un extrabajador, revive preguntas sobre la responsabilidad de las autoridades frente a la ley.

Por Nelson Zurita · 12 de agosto de 2026

El alcalde paceño, César Dockweiler, enfrenta un mandamiento de apremio por no cumplir con el pago de Bs 82.179 en beneficios sociales a un exfuncionario del municipio. Esta situación ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de las normas.

Este conflicto se da en un contexto donde el Gobierno enfatiza la importancia de cumplir con la legalidad, pagar impuestos y ser transparentes en la gestión pública. Sin embargo, las palabras chocan con las acciones, especialmente tras las declaraciones del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien ha sido cuestionado por la compra de un vehículo Audi Q4 valorado en solo Bs 50.000, a pesar de que su precio real sería mucho mayor.

La compra generó dudas, siendo el ex candidato Otto Ritter uno de los que exigió claridad sobre los detalles de la operación, lo que llevó a cuestionamientos sobre los impuestos y el proceso de importación del vehículo.

Espinoza defendió su adquisición, argumentando que no hay delito en comprar un auto de lujo y que los tributos deben ser calculados sobre el valor real. Sin embargo, la situación plantea una pregunta más amplia y preocupante: si las autoridades no cumplen con las normas que exigen a los ciudadanos, ¿qué mensaje se está enviando a la población?

El caso de Dockweiler subraya que las obligaciones laborales y las resoluciones de la justicia no desaparecen por ser un funcionario. Asimismo, el cumplimiento de las normas tributarias y patrimoniales no debería depender del cargo que uno ocupe.

La ciudadanía merece un trato equitativo, donde las reglas sean iguales para todos. Si aquellos que nos gobiernan no respetan las leyes que ellos mismos establecen, el problema va más allá de lo legal o económico; se trata de la confianza en las instituciones y el respeto hacia la ley.